Funcionarios públicos con sueldos «medianos», pero con niveles de gastos y propiedades de millonarios, logran en gran medida eludir legalmente los controles del fisco. Es una realidad con la que se convive desde hace años, pero que puede ser atacada gracias a la tecnología.
Esto lo señaló el Contralor General de la República, Camilo Benítez, quien indicó que la estimación actual es que, entre 10 al 15 % de los funcionarios cuyas declaraciones juradas fueron verificadas, presentan claras muestras de inconsistencias.
“Con todas las limitaciones que tenemos, si podríamos ingresar los datos de forma inmediata, podremos con un software, sacar muchos exámenes de consistencia por año, sobre enriquecimiento de funcionarios”, dijo Benítez a la emisora 1080 AM.
El mismo indicó que, no obstante las limitaciones tecnológicas, el ente contralor va aplicando trabajos que apuntan a clarificar las irregulares riquezas sospechosas que tienen a estatales como propietarios.
Benítez remarcó que, el sistema informático vigente, a pesar del factor actualización, presenta alto nivel de seguridad en cuanto a efectividad en materia de resultados.
“El sistema es auditable e inviolable, tiene alto nivel de control”, significó el titular de la Contraloría General. Subrayó que, a pesar de la legislación que permite “corregir” las declaraciones, quedan las huellas informáticas que permiten construir datos veraces.
En los últimos días saltaron al tapete debates y acusaciones que apuntan a casos de funcionarios públicos que ostentan fortunas que, contrastadas con sus ingresos nominales y legales, no tienen correspondencias.
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