Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso sospechada de ser parte de un esquema que habría desviado las indemnizaciones de la ANDE destinadas a dos familias humildes de Caaguazú. Llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados pagándole la suma de G. 300 millones a cada una en reparación del daño. El acuerdo se firmó el lunes último.
La funcionaria del Congreso Anadelia Acosta Armoa y su pareja, Darío Flores devolvieron G. 600 millones en efectivo a las dos familias víctimas de apropiación en Caaguazú. Cada familia afectada recibió la suma de G.300 millones cada una.
“Ayer (martes) en hora de la tarde hemos llegado a un total de acuerdo con las dos familias en relación al hecho sucedido; hoy estaríamos presentando ya eso como primer paso fundamental para este procedimiento”, explicó a radio Monumental 1080, el abogado Marcial Ayala, que representa legalmente a la funcionaria.
Los sospechosos, según la investigación fiscal, se habrían alzado con G. 725 millones de los G. 800 millones que la ANDE concedió en concepto de indemnizaciones a familiares de dos funcionarios que fueron víctimas de electrocución cuando se encontraban trabajando. Por lo que, no se trata de una devolución de la totalidad.
Sobre el saldo faltante, el abogado defensor dijo que “hay algunas cosas que por cuestiones procesales no quiere comentar”.
La emisora radial también se contactó con la fiscal Norma Salinas, encargada de investigar el caso que aseguró que la investigación seguirá su curso, a pesar de este acuerdo. “Hay varios elementos sueltos todavía, por ejemplo, el escribano que dijo que no realizó la escritura, el contenido de este documento, los que habilitaron el pago”, explicó.
Reparación
El pasado 14 de agosto, las familias de las víctimas solicitaron a la ANDE un resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos, al considerar que la empresa estatal tuvo su grado de responsabilidad en el accidente.
Bajo el patrocinio del abogado Darío Aquiles Flores, Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Mariano Ramírez, pidieron G. 400 millones para cada parte afectada en concepto de indemnización a través de los expedientes.
Una vez que la ANDE corroboró su responsabilidad, tras el análisis de los informes técnicos, la estatal emitió los cheques N° F00619874 y N° F00619886, con la inscripción no transferibles, por G. 400 millones.
Con una carta poder para asuntos judiciales y administrativos, el abogado Flores Mendoza y Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso Nacional, retiraron los cheques en representación de los beneficiarios, pero no estaban facultados a cobrar el dinero.
El Ministerio Público considera víctimas a Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco, y Lorena Brítez González, viuda de Antonio Acosta Contrera, funcionarios de la entidad estatal quienes solo recibieron G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.
Imputados
El 2 de octubre, el Ministerio Público, en conocimiento del hecho, requirió de informes al Banco Nacional de Fomento (BNF); así se tomó conocimiento de que en fechas 11 y 26 de setiembre se efectivizaron los cheques.
El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza fue el responsable de efectivizar el dinero. De acuerdo con el informe entregado por el Banco Nacional de Fomento, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles, conforme al poder general presentado por el abogado para la efectivización de los cheques.
El Ministerio Público imputó el martes a Anadelia Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta su padre.
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