La Fiscalía imputó por violencia familiar y violación del deber de cuidado o educación al hombre que fue beneficiado con el uso de tobillera electrónica, pero que luego regresó a prisión por decisión del Juzgado.
Alberto Segovia Martínez, de 38 años, ya fue procesado por violencia y estaba cumpliendo arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, pero la jueza María Cecilia Ocampos Benedetti decidió revocar la medida cautelar y volvió a la cárcel.
A todo esto, se le suma la imputación por violencia familiar y violación del deber de cuidado o educación formulada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser.
El agente del Ministerio Público también pidió a la jueza Penal de Garantías de Luque, Jennifer Insfrán, que dicte como medida cautelar la prisión preventiva.
De acuerdo a los antecedentes, el 30 de setiembre del 2024, en el interior de una vivienda en Areguá, el hombre habría protagonizado actos de violencia verbal y física contra su pareja, quien quedó con hematomas en el cuerpo.
El episodio ocurrió en presencia de sus tres hijos menores.
Según la imputación del 14 de enero, la víctima y sus hijos estarían arrastrando traumas sicológicos a causa de las agresiones.
El hombre también estaría desatendiendo los compromisos de familia y gastos de salud que afecta a un hijo de 9 años.
Segovia Martínez fue el primer procesado que había sido beneficiado con el uso de las tobilleras electrónicas en un hecho diferente, pero con la misma víctima.
Esta nueva imputación contra el sindicado es posterior al hecho que hace referencia al uso de las tobilleras.
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