La Fiscalía pidió el sobreseimiento de los cinco agentes de la Patrulla Caminera que realizaron un procedimiento irregular y que provocó la muerte de dos motociclistas en la ciudad de San Antonio, Central.
En setiembre de 2024, Renato Rojas López, de 35 años, y su compañero de trabajo, Junior César González Barrios, de 26 años, perdieron la vida sobre la ruta PY01 casi Primero de Marzo del barrio Achucarro, en la ciudad de San Antonio.
Ambos viajaban a bordo de una motocicleta y terminaron chocando contra un camión que fue detenido por agentes de la Patrulla Caminera que estaban realizando controles, aparentemente de manera irregulares, en una zona oscura.
Seis meses después de esta tragedia que enlutó a dos familias, el abogado de los agentes implicados recusó a los fiscales de San Antonio y el caso quedó de manera provisoria en manos de una fiscala de Lambaré.
Sin embargo, esta última fiscala también fue recusada y el caso fue a parar con su colega de Capiatá, la fiscala Carolina Martínez, quien tomó intervención durante la tarde del martes.
A pocas horas de tomar la causa, durante la noche de ese mismo martes, solicitó el sobreseimiento definitivo de los inspectores Víctor Caballero, Rodolfo Espínola, Rossana Bordón, Rosa Cáceres y María Palacios.
Todos los agentes de la Patrulla Caminera fueron imputados en su momento por por homicidio culposo.
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