La fiscala Julia González imputó este miércoles a un docente por presunto abuso sexual sistemático en contra de un alumno de 7 años y solicitó su prisión preventiva. Ocurrió en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
Los hechos de abuso sexual que habrían ocurrido en 2012 en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, causaron en la víctima, ahora mayor de edad, consecuencias sicológicas como miedos extremos, descontrol emocional y pesadillas.
Según los antecedentes, los abusos comenzaron cuando la víctima cursaba el segundo grado en un colegio privado de Ciudad del Este. Inicialmente, el educador llamaba al niño a su escritorio, lo sentaba en su regazo y tocaba sus piernas, cintura y genitales.
Luego, obligaba al entonces menor a realizar actos sexuales y también habría intentado someterlo a la fuerza, aunque no consiguió su objetivo. Estas agresiones se produjeron de manera sistemática en el interior de la sala de clases.
Ante las secuelas emocionales sufridas, la víctima decidió denunciar los hechos el 12 de abril de 2024.
A continuación, la Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes inició la investigación y, tras reunir suficientes elementos, solicitó la detención preventiva del presunto abusador.
Posteriormente, el hombre fue detenido en Asunción y actualmente se encuentra recluido en la Comisaría 22 ª Metropolitana, a disposición de la Justicia.
La fiscala González decidió abrir el proceso en su contra y solicitó al juzgado penal de garantías que convierta en prisión su detención preventiva.
La representante del Ministerio Público justificó la solicitud de prisión preventiva alegando la sistematicidad de los abusos, lo que constituye una circunstancia agravante.
Aunque los hechos ocurrieron en 2012 y se rigen por la Ley 3440/08, la expectativa de pena podría alcanzar los 6 años.
Además, explicó que en casos de abuso sexual infantil el plazo procesal se suspende hasta que la víctima alcanza la mayoría de edad, y con las últimas modificaciones legales, estos delitos prácticamente no prescriben.
La identidad del sospechoso se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
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