La Fiscalía dio un plazo de cuatro meses para que Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores devuelvan el dinero restante por el desvío de indemnizaciones de la ANDE. Del total de G. 800 millones, aún les falta entregar G. 125 millones.
La fiscal Norma Salinas fue tajante al afirmar que Anadelia Acosta y el abogado Darío Flores, ambos imputados por el desvío de las indemnizaciones de la ANDE, deben devolver la totalidad del dinero, pero el acuerdo privado que llegaron con las familias víctimas.
“Ellos tienen cuatro meses para devolver todo el dinero. La gente cree que con eso (la devolución de parte del dinero a las familias) ya está terminado. Lo que falta son G. 125 millones, que ya es dinero de la ANDE. No pueden cobrar esa suma como honorarios.”, indicó la agente del Ministerio Público a radio Monumental 1080 AM.
El caso es sobre el pago que debían recibir dos familias como resarcimiento por la muerte de sus familiares a consecuencia de un cable suelto de la empresa estatal. El monto destinado era de G. 800 millones en total, pero las partes afectadas solo recibieron G. 75 millones.
A raíz de esa situación se inició toda una investigación que terminó revelando el desvío de gran parte de ese dinero. Los principales señalados son la entonces funcionaria del Congreso Anadelia Acosta y el abogado Darío Florez.
Sin embargo, por este hecho ya hay ocho personas imputadas, entre ellas, dos funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que presuntamente, ejecutaron de manera irregular el cobro del cheque de la ANDE.
Tras desatarse toda la polémica, Anadelia Acosta y Darío Flores llegaron a un acuerdo con las familias afectadas y devolvieron un total de G. 600 millones, es decir, G. 300 millones para cada familia.
¿Cómo sucedieron los hechos?
El pasado 14 de agosto, las familias de las víctimas solicitaron a la ANDE un resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos, al considerar que la empresa estatal tuvo su grado de responsabilidad en el accidente.
Bajo el patrocinio del abogado Darío Aquiles Flores Mendoza, los afectados Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Mariano Ramírez, pidieron G. 400 millones para cada parte en concepto de indemnización a través de los expedientes.
Una vez que la ANDE corroboró su responsabilidad, tras el análisis de los informes técnicos, la estatal emitió los cheques N° F00619874 y N° F00619886, con la inscripción no transferibles, por G. 400 millones cada uno.
Con una carta poder para asuntos judiciales y administrativos, Flores Mendoza y Acosta Armoa retiraron los cheques en representación de los beneficiarios, pero no estaban facultados a cobrar el dinero.
El Ministerio Público considera víctimas a Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino Ramírez Casco; y Lorena Brítez González, viuda de Antonio Acosta Contrera, funcionarios de la entidad estatal, quienes solo recibieron G. 30 y 45 millones, respectivamente, en concepto de indemnización.
El 2 de octubre, el Ministerio Público, en conocimiento del hecho, requirió informes al Banco Nacional de Fomento (BNF); así se tomó conocimiento de que en fechas 11 y 26 de setiembre se efectivizaron los cheques.
El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza fue el responsable de efectivizar el dinero. De acuerdo con el informe entregado por el Banco Nacional de Fomento, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles, conforme al poder general presentado por el abogado para la efectivización de los cheques.
El Ministerio Público imputó a Anadelia Acosta Armoa, Darío Flores, Ovidio Ramón Oviedo y Juan Ramón Acosta por apropiación, estafa y lesión de confianza. Ovidio Ramón Oviedo es la pareja de la funcionaria y Juan Ramón Acosta, su padre.
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