Veintiún personas fueron imputadas por el Ministerio Público tras los desmanes y solo dos policías por los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo y 1 de abril. En el caso del ataque al PLRA, siguen las investigaciones.
Tras las diligencias, la fiscala imputó solo al suboficial por el homicidio doloso; sin embargo, y a pesar de que –según imágenes que se difundieron en redes y medios de prensa– al crimen antecedieron otros hechos punibles, Fernández dejó en libertad a los demás.
La versión del Gobierno y de los jefes policiales fue que la Policía llegó al PLRA persiguiendo a una turba. Sin embargo, en las filmaciones del circuito cerrado no se observa que los policías lleguen inmediatamente detrás de sospechosos, como estipula una de las excepciones a los allanamientos con orden judicial, según la ley. Asimismo, destaca en el caso que la fiscala dejó la investigación para salir de vacaciones en plena etapa incipiente y ante el reclamo de acciones. Ahora la causa está con Lorena Ledesma.
INSUBORDINACIÓN. Además del accionar de la Fiscalía, tampoco desde la Comandancia se da una sanción.
El comisario general Luis Pablo Cantero, director general de Orden y Seguridad, había indicado que él dio la orden de no ingresar al predio del PLRA. Incluso fue más detallista, mencionando que esa orden la dio por radio a Delta 18, código que se refiere al jefe de Policía de Asunción, el comisario principal Hermógenes García.
A pesar de la instrucción del director general, igual los escopeteros atacaron. Según las filmaciones y el testimonio del suboficial Florentín, respondían a la orden del comisario Amado Cantero, jefe de la Comisaría 3ª de Asunción.
También llegó hasta el local partidario el comisario Tomás Paredes Palma y su equipo de Investigación de Delitos.
A pesar de todos estos identificados, ninguno de los uniformados fue sancionado con un arresto disciplinario u otro apercibimiento por desacato e insubordinación al tercero al mando de la Policía.
LENTITUD. La Fiscalía cumplió una labor acelerada para imputar a manifestantes, pero a pesar de las denuncias por hechos de tortura, extorsión policial e incluso a pesar de ingresar a recintos sin orden judicial, solo hay dos agentes policiales procesados.
La fiscala Liliana Zayas imputó el viernes además al suboficial Benito Sanabria por haber disparado y desfigurado el rostro al diputado nacional Édgar Acosta. En cambio, hasta ahora ningún otro uniformado fue procesado por las denuncias de los manifestantes, entre los que se tiene un total de 21 investigados./UH.
