Dos masacres en penales diferentes, entre el viernes a la noche y el domingo, dejaron un saldo de 36 presos muertos. Las razones.
Honduras, uno de los países más violentos del mundo. Sus cárceles son el reflejo de esa violencia desatada y sin freno, atravesada por el narcotráfico y las maras. Al menos 36 pandilleros murieron este fin de semana en enfrentamientos «orquestados» en las prisiones del país.
Este lunes el ejército y la policía trataban de recuperar el control de esas prisiones, perdido tras una serie de asesinatos vinculados a las maras, las bandas criminales que abundan en el país.
El domingo por la tarde, 18 miembros de pandillas murieron en un enfrentamiento entre internos de la cárcel de El Porvenir, 60 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La pelea, que dejó también 10 heridos, fue con «armas de fuego y armas cortopunzantes», informó a los medios locales el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), subteniente José Coello.M
La noche del viernes, otros 18 presos murieron y 16 resultaron heridos en un tiroteo en el penal del caribeño puerto de Tela, a 200 kilómetros al noroeste de la capital.
Estas dos matanzas se producen poco después de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarara el pasado 17 de diciembre la «emergencia» en los 27 centros penales, que alojan a más de 21.000 reos, con el fin de dar el control de las cárceles a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), encabezada por militares y policías.
La Fusina anunció el despliegue de cerca de 1.200 militares y policías en 18 de los 27 penales clasificados como de «alto riesgo».
Antecedentes
El mandatario hondureño tomó esta decisión después de que el 14 de diciembre asesinaran a cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, a unos 40 km al este de la capital.
Un día antes, había sido asesinado a tiros el director de la principal cárcel de máxima seguridad de El Pozo I, en Santa Bárbara (oeste), Pedro Ildefonso Armas.
El funcionario estaba suspendido del cargo para ser investigado por haber presenciado cómo unos reos mataban el pasado 26 de octubre a Magdaleno Meza, que fuera socio del exdiputado Juan Antonio «Tony» Hernández.
Tony Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue condenado por cuatro delitos de narcotráfico en una corte de Nueva York.
La justicia estadounidense condenó a Hernández en base a unas libretas encontradas a Meza con registros de tráfico de cargamentos de cocaína.
En declaraciones a la AFP, el abogado de Meza, Carlos Chajtur, acusó públicamente al gobierno de haber mandado matar a su cliente en represalia por haber colaborado con la justicia estadounidense en el juicio contra Hernández.
Los jefes militares y policías aseguraron la noche del domingo ante la prensa que la ola de violencia dentro de las prisiones «son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que Fusina (…) imponga los controles necesarios en los centros penales del país».
Este grupo fue creado por el presidente inmediatamente después de tomar el poder, en 2014, para enfrentar la criminalidad de los narcotraficantes y pandilleros.
También el presidente buscó terminar con los conflictos en las cárceles con la construcción de tres nuevos centros, El Pozo I, La Tolva y El Provenir.
Alerta de la ONU
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) dijo observar «con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios» e instó al Estado «a garantizar la vida y respeto de los derechos humanos a los privados de libertad y proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente».
Por su parte, el viceministro de Seguridad, Luis Suazo, argumentó que los «ataques sistemáticos orquestados y bien planificados del crimen organizado son para exponer a Honduras a nivel internacional y llamar la atención de organizaciones de derechos humanos».
Aseveró que los incidentes de Tela y El Provenir fueron ordenados por «los peores criminales que tienen capacidad para pagar cantidades millonarias a quienes les puedan ayudar a ejecutar sus fechorías».
Las cárceles, catalogadas como «academias del crimen» dejaron otras tragedias más graves, como la muerte en un incendio de 362 presos en febrero del 2012 en la penitenciaria de Comayagua, centro del país.
En otro incendio en el penal de San Pedro Sula (norte) murieron 107 internos en abril del 2014 y, antes, en junio del 2008 fueron 68 los que perecieron en otro fuego en otra cárcel también llamada El Porvenir, cerca del caribeño puerto de La Ceiba.
El crimen organizado de narcotraficantes y pandilleros llevó a Honduras a tener la tasa de homicidios más alta del mundo, 86,5 por cada 100.000 habitantes en 2011, cerca de nueve veces el promedio mundial.
En 2018 la tasa cerró con 40 pero en 2019 se registra un repunte y, según el Observatorio de la Universidad Nacional, llegará a 42. // El Clarín
