El abogado Óscar Tuma, representante legal de los familiares del legislador fallecido Eulalio Lalo Gomes, realizó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados por supuesta inacción del Ministerio Público en la investigación de la muerte de Gomes.
“Se ha tomado la decisión de presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, debido a la inacción existente en la causa que investiga la muerte del diputado Eulalio Lalo Gomes”, anunció el abogado Óscar Tuma, a través de la red social X.
El profesional del Derecho, que asesora legalmente a los familiares del legislador fallecido, lamentó que hasta la fecha la Fiscalía no llamó a declarar a la esposa de Gomes, que fue testigo de lo ocurrido, señalando que esto “evidencia la falta de diligencia en el proceso”.
Tuma, en más de una ocasión, criticó la orden de allanamiento firmada por el juez Osmar Legal, que autorizó el allanamiento de la vivienda de Lalo, en Pedro Juan Caballero. En ese operativo, realizado el 19 de agosto de 2024, se produjo la muerte del legislador a manos de los policías que intervinieron en el caso.
Legal fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), así como los fiscales que participaron del operativo.
En el marco del proceso, el magistrado realizó una denuncia que desató un escándalo, al revelar conversaciones de Lalo Gomes con el ex diputado Orlando Arévalo, entonces vicepresidente del JEM, y con fiscalas y juezas, desnudando un supuesto esquema de corrupción.
Reafirmó sus declaraciones sobre las acciones del juez Omar Legal en la investigación relacionada con el allanamiento de la casa de Gomes. Tuma sostuvo que las acciones del juez no fueron accidentales y que actuó con la intención de anular pruebas para beneficiarse personalmente.
En comunicación con radio Monumental 1080 AM, Tuma dijo que la denuncia realizada por Legal fue “una jugada maestra para zafar de la investigación” del JEM.
El abogado explicó que, si el Jurado de Enjuiciamiento hallaba responsable al juez, la sanción sería una remoción directa debido a la gravedad del hecho y la violación de la orden de allanamiento.
En su opinión, el juez Legal realizó la denuncia para “blindarse” de una eventual sanción.
“Con la actitud que él hizo, prácticamente le saca autoridad moral al jurado para que tomen una resolución en su contra. Y es más, hasta le saca autoridad a la Corte para que la Corte, a través de la Superintendencia, abra un proceso administrativo”, remarcó.
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