La fiscala adjunta Artemisa Marchuk Chena sostuvo que los legisladores que expulsaron a Kattya González del Senado no aplicaron la resolución 429/2023 y por ello a su criterio todo ese proceso fue arbitrario.
La fiscala adjunta Artemisa Marchuk conversó con radio Monumental 1080 AM sobre la expulsión de la senadora Kattya González (PEN) de la Cámara Alta, que fue materializada por una mayoría de sus colegas de la bancada del movimiento Honor Colorado (HC).
Al respecto, dijo que los senadores decidieron omitir todo lo trazado en la resolución 429/2023 al destituir a González.
“En el juzgamiento de la señora Kattya González decidieron no aplicar aquel reglamento, aplicaron un mecanismo sin reglamento con la intención de hacerla fácil”, prosiguió e indicó que dicha resolución garantiza el mecanismo a la defensa.
A su criterio, los senadores decidieron no observar el reglamento que legítimamente estaba vigente.
“Eso fue arbitrario y generó un atropello de otros principios de la soberanía popular, se debería respetar el reglamento para todo proceso”, puntualizó.
Además, mencionó que debe quedar sin efectos la resolución por la cual se resolvió dejar a Kattya sin su investidura y luego deberán reponerla en su banca.
“Esto tiene implicancias muy profundas en lo que es civismo, ciudadanía y construcción país. Hay que hacer un llamado a la sensatez y que se respete la decisión del órgano, del único órgano que puede declarar una resolución institucional o no”, se explayó.
Igualmente, señaló que cualquier órgano puede equivocarse y para eso están estos mecanismos.
Por último, detalló que la resolución 429/2023, que reglamenta la pérdida de investidura, seguía vigente al momento del tratamiento de la expulsión de González.
Kattya González fue destituida por una mayoría cartista y con un total de 23 votos, pisoteando también el reglamento por el cual el pleno había aumentado a 30 el número requerido para la expulsión de los legisladores.
Hace unos días, el Ministerio Público emitió una resolución firmada por Marchuk Chena por la cual señala que la pérdida de investidura “es inconstitucional” y recomienda a la Sala Constitucional de la Corte hacer lugar a la acción de la misma.
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