En su alocución en la sesión de la Cámara Baja, la diputada Celeste Amarilla se anticipó ante una posible filtración de audios en los que ella reconoce que negociaba la venta de merienda escolar. A la legisladora se le atribuyen contratos con el Estado por US$ 45 millones, facturados a través de Pinoty y Arcángel SA, y el año pasado fue sancionada por la SET por evasión del IRP por unos G. 300 millones.
Fiel a su estilo de querer instalar la persecución política en su contra, la diputada Celeste Amarilla alegó que fue amenazada por un funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). La legisladora abrió el paraguas ante una posible filtración de audios, y en sesión de diputados, no negó la existencia de dichos audios y reconoció que en los mismos se la escucha negociar la venta de merienda escolar.
En la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de hoy, la diputada salió a disparar contra todos, pero olvidó que fue apodada como la “reina de la merienda escolar”, luego de que se le atribuyeran millonarios contratos con el Estado para la venta de dichos alimentos, así como tampoco hizo mención de su sanción por evasión de impuestos.
A través de las empresas Pinoty y Arcángel SA, la diputada se alzó con contratos que ascienden a US$ 45 millones en la última década. El gran negocio de Amarilla fue la venta de merienda escolar, en varias ocasiones sus propios colegas la enfrentaron haciéndole recordar que se hizo de plata gracias a las compras públicas.
Durante el 2012 y 2013 principalmente, la diputada acumuló millonarios contratos en gobernaciones y municipios en los que estaban sus aliados políticos. No obstante, la firma Arcángel hasta el año pasado siguió alzándose con jugosas adjudicaciones, en julio del 2021 firmó con la Gobernación de Caazapá un contrato por G. 2.282.835.600 para la provisión de merienda escolar, que está asegurado hasta el 2023.
Solo un mes más tarde, en agosto del año pasado, fue adjudicada en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) para proveer chipitas por G. 64.584.600.
Aunque la diputada trató de deslindarse de las firmas alegando que vendió sus acciones, en su declaración jurada del 2018 manifestó que las firmas Arcángel y Pinoty le adeudaban la suma de G. 9.087.690.568. Las cuentas a cobrar de Arcángel totalizaban G. 3.000 millones en ese momento, pero para el 2019 la deuda ya ascendió a G. 3.425 millones y Pinoty a G. 4.500 millones.
La diputada nunca explicó en qué concepto tiene deudas a cobrar a Arcángel, por lo que es innegable sus vínculos con las proveedoras. A pesar de estos millones con los que se alzó la diputada, esta evadió su obligación con el fisco y fue sancionada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
El monto de la evasión de Amarilla rondaba los G. 300 millones, y a pesar de sus millones intentó regatear el pago de los mismos, yendo en total contradicción en su también conocido discurso a favor del pago de impuestos.
La diputada también fue cuestionada por su descomunal crecimiento patrimonial. De un activo de G. 3 millones pasó a registrar bienes por G. 24.561 millones al asumir el cargo de parlamentaria, cifra que se redujo a G. 22.491 millones en el 2019. Amarilla, en ese momento, reconoció que sus millones los obtuvo gracias a un negocio en el que le iba muy bien. “Vendía leche”, indicó en ese momento la legisladora.
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