El condenado a muerte por triple asesinato Daniel Lewis Lee ha recibido una inyección letal horas después de la decisión del tribunal.
El Departamento de Justicia de la era de Donald Trump realizó este martes la primera ejecución federal en 17 años. Tras una intensa batalla legal, el Tribunal Supremo dictaminó en la madrugada que Daniel Lewis Lee, de 47 años, podía recibir la pena capital. A las 8.07 lo declararon muerto. “Cometí muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino”, dijo el recluso en su declaración final. “Estás matando a un hombre inocente”, agregó. Lee fue condenado en 1999 por asesinar a tres integrantes de una familia de Indiana, incluida una niña de ocho años. Los familiares de las víctimas reclamaron para que el asesino recibiera la cadena perpetua, pero no la ejecución.
En 2014, el entonces presidente Barack Obama inició una revisión de los protocolos de aplicación de la inyección letal. El pasado julio el fiscal general, William Barr, sostuvo que se había completado la examinación y retomó las ejecuciones en casos que han sido llevados por la justicia federal y no por la vía estatal, la más común para estos procesos. Barr ordenó a la Oficina de Prisiones a aplicar la pena capital a cinco presos condenados, con el método de la inyección letal y utilizando una única droga, el polémico pentobarbital. Es la misma droga que se utiliza en las ejecuciones en Texas, Georgia y Missouri, aunque no en todos los Estados. “[Las ejecuciones] se las deben a las víctimas de los horribles crímenes, y a las familias que quedan atrás”, ha defendido Barr.
La ejecución de Lee estaba prevista para el lunes a las 16.00. Pero se bloqueó después de que una juez de distrito alegara que el protocolo de la inyección letal que se pretende aplicar a tres reclusos -incluido Lee- viola la Octava Enmienda de la Constitución, que establece que a los presos no se les puede someter a “castigos crueles o inusuales”. El Departamento de Justicia apeló la medida y este martes, el Tribunal Supremo falló con cinco votos a favor y cuatro en contra para que le aplicaran la pena capital a Lee.
Los jueces argumentaron que el año pasado confirmaron el uso de la droga pentobarbital para ejecuciones, además de que se ha utilizado más de 100 veces “sin incidentes”. También apuntaron que los prisioneros en el corredor de la muerte “no habían hecho la presentación requerida en su recurso para justificar una intervención de último minuto” que paralizara las ejecuciones. Dos jueces progresistas, Stephen G. Breyer y Ruth Bader Ginsburg, dijeron que lo que debería hacer el tribunal es examinar si la pena de muerte en sí misma es inconstitucional.
Lee y Chevie Kehoe eran parte de un grupo supremacista que querían formar una comunidad solo de blancos. En 1996 viajaron a Arkansas, donde robaron y asesinaron a William Mueller, un vendedor de armas, a su esposa, Nancy Mueller y a su hija, Sarah Powell. Los inmovilizaron con pistolas eléctricas, les colocaron bolsas de plástico sobre sus cabezas para que se asfixiaran y los arrojaron a un pantano, según los registros judiciales. Kehoe, considerado el líder, recibió una condena de cadena perpetua. Tres familiares de las víctimas querían el mismo castigo para Lee. Earlene Peterson, madre de Nancy Mueller, dijo en una entrevista a CNN que no quería que la ejecución se hiciese en su nombre.
Los familiares de las víctimas de Lee y Kehoe batallaron para anular la ejecución o al menos posponerla debido a la pandemia del coronavirus. Decían que se sentían obligados a ir, pero que no querían elegir entre quedarse en casa y poner sus vidas en riesgo visitando una prisión federal. “Ninguna otra familia debería tomar esta decisión… las familias de las víctimas no deberían ser puestas en una posición en la que tengan que arriesgar sus vidas o renunciar a su derecho” como testigo, defendió Monica Veillette, sobrina del matrimonio asesinado, en The New York Times. Finalmente, decidieron no viajar a Indiana tras sopesar que el riesgo para su salud era demasiado alto.
// El País
