Se presentó al Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Emergencia Sanitaria, que faculta al Poder Ejecutivo dictar medidas restrictivas al desplazamiento y obligar al uso de mascarillas.
El Poder Ejecutivo presentó ayer una propuesta de reforma de la ley de Emergencia Sanitaria, que busca establecer sanciones con penas privativas de libertad a funcionarios responsables de la inmunización irregular o que trafiquen con las vacunas. La iniciativa ya fue enviada al Congreso, y se insistió que sea tratada “lo antes posible”, según informó Hernán Huttemann, jefe de Gabinete Civil de la presidencia, quien anunció la medida en el Palacio de Gobierno.
“Esta propuesta lo que busca es que tengamos hoy un ordenamiento estable, ordenado con respecto a las medidas sanitarias. Por eso, tratamos de dejar bien en claro cuáles son las facultades y las competencias de los distintos órganos de control como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud; y por otra parte, se establece que las intervenciones se pueden dar en los lugares públicos y en los lugares privados de uso público”, sostuvo Huttemann.
Agregó que el proyecto de ley plantea un régimen sancionatorio nuevo para quienes incumplan las normas de emergencia sanitaria. Las sanciones van desde 5 hasta 300 jornales mínimos. “Prevé, en su artículo 23, un tipo penal que establece que todo funcionario que, valiéndose de su cargo o posición, lograse o intentase que una persona se beneficie indebidamente de la vacunación contra el Covid-19, será pasible de una pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años”, resaltó el jefe de Gabinete del Ejecutivo.
Añadió que, del mismo modo, en el siguiente artículo se determina el tipo penal para personas que hurtan vacunas para su posterior comercialización con penas de 2 a 6 años de cárcel y la misma cantidad de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Huttemann también aclaró se trata de una ley temporal dirigida al combate a el Covid-19. “Una vez que la emergencia sanitaria culmine, la ley queda sin efecto”, dijo. Insistió que lo que se busca es evitar el colapso sanitario, y dar cumplimiento al artículo 68 de la Constitución, que impone al Estado la obligación de responder con un sistema sanitario preparado en caso de catástrofe.
Potestad. La propuesta también señala las atribuciones que tendrá el Poder Ejecutivo para combatir la pandemia. Entra ellas, apunta a limitar la circulación de personas o vehículos en la vía pública, y declarar obligatorio el uso de sistemas adecuados de ventilación, el lavado de manos, el uso de mascarillas higiénicas y el distanciamiento social.
También prevé que el presidente pueda declarar imperativo el uso de sistemas adecuados de ventilación y mascarillas higiénicas en el transporte público y privado, y limitar la cantidad de personas que puedan permanecer en estas unidades. Además, se pretende limitar la reunión de personas en los eventos sociales, culturales, artísticos, deportivos y religiosos; y disponer el aislamiento de las personas con Covid-19; entre otras medidas.
Es una ley temporal dirigida al combate a la covid-19. Una vez que la emergencia culmine, la ley queda sin efecto.
Hernán Huttemann, jefe de Gabinete.
Afirman que proyecto de ley es autoritario y peligroso
El presidente del Colegio de Abogados, Manuel Riera, cuestionó duramente el proyecto de ley presentado ayer por el Ejecutivo, el cual pretende castigar la vacunación irregular y el hurto de medicamentos e insumos bajo la emergencia sanitaria. El letrado dijo que es una ley “muy peligrosa”, ya que contiene multas, pena de libertad y atribuciones amplísimas a los decretos. “Contiene jueces sumariantes irrecusables, definiciones de lenguaje abierto, es una ley muy peligrosa. Soplan vientos autoritarios”, expresó a través de las redes sociales.
No se descarta que el colegiado se pronuncie oficialmente sobre el tema.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de emergencia sanitaria que contempla un capítulo sobre vacunación irregular, a través del cual se busca sancionar a quienes se apliquen las vacunas contra el Covid-19 de manera irregular, así como a aquellos que hurten medicamentos e insumos hospitalarios necesarios para la lucha contra el virus.
Entre las principales novedades se encuentran los artículos 23 y 24, con disposiciones del tipo penal para la inmunización irregular, el hurto y el hurto agravado de medicamentos e insumos médicos. Otros puntos cuestionados apenas se dio a conocer el proyecto se refieren a las amplias facultades que se le otorga al Ejecutivo para ejercer medidas restrictivas que raya lo inconstitucional.
LOGÍSTICA. Ayer, en horas de la tarde, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se reunió con el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa.
Abdo dio instrucciones de tener la logística preparada para el momento en que se deban habilitar nuevos centros vacunatorios y se tenga la llegada de dosis importantes de vacunas.
Roa manifestó que el vacunatorio habilitado en el predio de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) está experimentando un crecimiento gradual. Sostuvo que el lunes pasado se registraron un poco menos de 200 vacunaciones en el AutoVac y ayer la cifra ya estuvo cerca de 300 solo durante la mañana. Dijo que la vacunación desde los vehículos ses bastante ágil.
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