El tiempo “prudencial” para que la Junta Municipal designe a un nuevo intendente provisorio es de 48 horas, según la diputada Kattya González. Sin embargo, si no lo hace, la Cámara Baja puede intervenir y elegir a un administrador comunal.
Tras la destitución de Sandra McLeod, la Cámara de Diputados envió un informe a la Junta Municipal, a partir del cual hay 48 horas para convocar a una sesión y designar a un administrador temporal de la Comuna, según Kattya González. La parlamentaria aclaró que no está explícitamente establecido ese plazo en la ley, pero es el “tiempo prudencial”.
El designado por la Junta estará a cargo de la Intendencia hasta que se concreten las elecciones, que deben ser convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en un plazo máximo de 90 días. La diputada González destacó que esta última institución estaría incurriendo en una causal de juicio por mal desempeño en sus funciones en caso de que se niegue a llamar a comicios.
Además, destacó que, en caso de que la Junta Municipal no llame a una sesión, la Cámara de Diputados está habilitada a intervenir y designar a un administrador interino. “No podemos tener acéfala la Intendencia y no podemos tener dos intendentes. Deben entender que esto no es un juego y si siguen jugando con esta situación vamos a intervenir”, advirtió en contacto con ABC Cardinal.
En una supuesta sesión extraordinaria, de la cual participaron solo concejales zacariístas, la semana pasada «aceptaron» la renuncia de McLeod y nombraron intendente de Ciudad del Este a “Kelembú”. Ante la duda de la legitimidad de esto, la interventora Carolina Llanes sigue sin realizar el corte administrativo ni entregar el mando, por lo que la administración de Ciudad del Este se encuentra acéfala.
Ayer, gracias a una alianza entre diputados abdistas, liberales y demás sectores opositores (PQ, PEN, Hagamos e independientes), se logró la destitución de McLeod.
Los parlamentarios tuvieron en cuenta, primeramente, el informe de la intervención liderada por Llanes. Esta intervención sacó a relucir 30 presuntas irregularidades que implican un perjuicio patrimonial que ronda los G. 128 mil millones.
Además, también la Contraloría General de la República hizo público su propio informe, en el que se listan 90 faltas en la administración de McLeod. Entre ellas, el pago por obras deficientes y sobrefacturadas, pagos sin fiscalización, falsificación de facturas, etc./Abc Color
