Las tres docentes imputadas por la presunta obstrucción en la investigación de un caso de abuso sexual en un colegio de Lambaré ya abandonaron la cárcel.
La directora, la coordinadora y una docente de un colegio privado de Lambaré, detenidas por presuntamente obstruir en la investigación de un caso de abuso sexual a un niño de seis años, ya abandonaron la cárcel este lunes.
Las tres cumplían la medida preventiva en el Centro Penitenciario de Mujeres Serafina Dávalos, de la ciudad de Coronel Oviedo, del Departamento de Caaguazú, y ahora pasarán a guardar arresto domiciliario, informaron en Monumental 1080 AM.
La nueva medida se les otorgó el pasado viernes, cuando un Tribunal de Apelación decidió revocar la prisión preventiva que pesaba sobre las tres imputadas. Fueron los camaristas Guillermo Zillich y Nidia Fernández quienes votaron por revocar la resolución de prisión preventiva, mientras que Lourdes Cardozo votó por la confirmación del fallo.
Las tres docentes fueron imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado, mientras que la directora también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/2019.
Este mismo lunes, la fiscala que investiga el hecho, Marian Rodríguez, explicó a la misma emisora radial que el Ministerio Público, desde un principio, sentó una postura sobre la medida cautelar y solicitó la prisión preventiva para las procesadas “por la posición obstruccionista” de las docentes con la investigación.
En ese sentido, la agente fiscal dijo que se pidió una aclaratoria acerca de la medida dictada por el Tribunal de Apelaciones y aseguró que no corresponde que las procesadas ya sean liberadas sin antes resolver eso.
De acuerdo con la investigación, el abuso se habría producido el pasado 26 de abril, pero la institución educativa de Lambaré obvió los protocolos, por lo que la familia realizó la denuncia ante la Fiscalía.
Poco después, la fiscala Karina Sánchez indicó que hay otra víctima de abuso sexual y que se trata de un niño de 7 años, cuyo caso ocurrió antes del primero que tomó estado público.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
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