Las tres docentes que fueron procesadas tras supuestamente encubrir un caso de abuso sexual en un colegio privado de Lambaré podrían perder su matrícula y certificación como educadoras.
Zulma Morales, la directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), explicó que la directora y las dos docentes procesadas tras presuntamente no activar los protocolos luego el abuso sexual en un colegio de Lambaré, podrían perder su matrícula profesional.
“Estamos esperando la carpeta fiscal para ver las acciones a tomar. Como docentes y funcionarios del MEC, tenemos reglamentaciones en cuanto a la ética. La asesoría jurídica tomará determinaciones según el grado de responsabilidad. De conformarse esto, ellas podrían perder su matrícula”, dijo Morales a NPY.
La interventora del MEC aseguró que una vez que se tenga confirmada la implicancia y la responsabilidad de la directora y las docentes, se definirá el tipo de sanciones que se aplicará contra las funcionarias.
“Es altamente probable que esto suceda ya que hemos tenido hechos anteriores en los que se retiró la matrícula por faltas graves a la ética profesional. Si llegase a suceder, ya no podría desempeñarse como docente. Se retira la matrícula y certificación, pero ya no podría trabajar en un ente privado o estatal”, refirió.Las tres docentes fueron imputadas por el hecho punible de violación del deber del cuidado.
Mientras que la directora también fue procesada por frustración de la persecución penal y ejecución penal, y la violación de la Ley 6202/ 2019. Las tres guardan prisión domiciliaria.
La Dirección General de la Niñez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) había tomado intervención luego de un presunto caso de abuso sexual en contra de un niño de 6 años por parte de un estudiante de 15 años el pasado 26 de abril. Otros dos menores habrían actuado de cómplices.
Poco después, la Fiscalía dio a conocer que había otra víctima de abuso sexual y que se trataba de un niño de 7 años, cuyo caso ocurrió antes que el primero.
Los nombres del colegio y de los implicados se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
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