Un video publicado el viernes en redes sociales ilustra el alcance de las prácticas implementadas por estos grupos irregulares, los cuales cuentan con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro. El rol de la minería ilegal en sus finanzas y los pasos de la oposición y la comunidad internacional para limitar su comercio.
“Pon la pata, dale” ordena una voz anónima que porta una pistola. La pierna no se apoya en el suelo, pero igualmente recibe un disparo. “Dale, el otro”, exige la voz. Y uno tras otro, cuatro jóvenes enfrentan el mismo desenlace en menos de 30 segundos.
Las imágenes, compartidas el viernes por el diputado venezolano Américo de Grazia, ilustran las violentas prácticas de las distintas mafias que -con el beneplácito y complicidad del régimen de Nicolás Maduro- controlan la minería ilegal de oro en Venezuela.
Las sanciones a la comercialización del petróleo -implementadas en 2019 por Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros actores internacionales de peso- han exacerbado las limitaciones financieras de un régimen que ha sumido a Venezuela en una crisis sin precedentes para un país que no está en guerra. Ellas implican la prohibición de la importación por parte de empresas estadounidenses, y de realizar transacciones que involucren petróleo venezolano en la divisa del país.
En consecuencia, la mayor parte del comercio de este recurso que todavía se realiza involucra a los pocos aliados que conserva el régimen: Rusia, China y Cuba. Pero los envíos suelen tener el propósito de reducir las amplias deudas que el régimen tiene con estos países, más que generar efectivo fresco. De hecho, Bloomberg reportó el viernes que las reservas líquidas del país se encuentran por debajo de los USD 1.000 millones. Las reservas internacionales, en tanto, están en su nivel más bajo en 30 años.
Por esta razón, la extracción irregular de oro ha pasado a tener un rol preponderante en la economía chavista. El mineral se encuentra presente en el área conocida como el Arco Minero del Orinoco, ubicada en la región centro-sur del país. Tiene una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde la zona fronteriza con Guyana hasta aquella que limita con Colombia.
En 2016, Maduro anunció la creación del “Plan de Oro”, mediante el cual aseguró se explotarían los recursos presentes en el área, algo que permitiría obtener un beneficio estimado de USD 5.000 millones por año a partir de 2019. Eso no sucedió.
Ante la falta de infraestructura -tanto física como legal- los agentes del régimen han estimulado la minería a pequeña escala, una actividad que, además de tener efectos nocivos para el medio ambiente, plantea peligros para aquellos involucrados en la extracción física del mineral en dos áreas: por los perjuicios de salud que acarrea la tarea en sí, y por el hecho de tener que someterse a las bandas criminales que las controlan.
En diálogo con el medio internacional Infobae, De Grazia explicó que las imágenes corresponden a un castigo aplicado por grupos criminales -conocidos también como pranes- en control de una mina. “(Los disparos) son una forma de penitencia que le ponen a los mineros cuando estiman que ‘se comió la luz roja’: esto significa que haya reportado menos oro del que se suponía había producido, o alguna otra falta, menor o mayor”.
En este caso particular, estimó que la falta “no debió haber sido grave porque los disparos fueron en las piernas”. “Si hubiera sido más grave, les hubieran tirado a las manos y en otros casos los podrían haber matado”. “Una persona a la que le dan un tiro no puede trabajar más en esa mina. Y no lo hacen solo para castigar a quien comete una falta, sino para que los demás entiendan como se pagan”.
El diputado explicó que, pese a subyugar a los mineros, las bandas no tienen dificultades para reemplazarlos. “Cuando matan a uno llegan 10. Es una de las pocas maneras de subsistencia que existen en el área. Hay gente que llega de Venezuela, Brasil, Colombia, Guyana, gente de pueblos indígenas”, detalló. E indicó que la alternativa, sobre todo para este último grupo, son los “cambalaches”: es decir, vertederos de basura.
El vínculo con el régimen, explicó De Grazia, se da a través de la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, o Camimpeg. “No te puedes meter sin su aval”, dijo. Además, CNN reportó que numerosos militares tienen presencia en compañías que refinan el oro extraído en las minas, lo que contribuye a ilustrar el vínculo entre estos grupos.
Una vez operativos, los grupos criminales toman el control del área, al punto de asumir atribuciones que normalmente le corresponden a un Estado, como lo es el monopolio de la fuerza.
egún consignó The New York Times, Maduro ha decidido canalizar los recursos del régimen hacia la capital en detrimento de las zonas rurales, lo que ha llevado a que, en distintos casos, oficiales de policía abandonen sus destacamentos para buscar maneras de subsistir. El medio describe el caso de los habitantes del pueblo de Parmana que, al verse rebasados por el crimen, recurrieron a una guerrilla colombiana en control de una mina de oro cercana para que les proveyera protección.
Sin embargo, el vacío de poder implica también la posibilidad de que los distintos grupos peleen entre sí para expandir sus áreas de influencia, y la cantidad de minas que tienen bajo su control.
El mismo viernes se reportó que miembros del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla colombiana con presencia en Venezuela, se enfrentaron con una banda por el control de una mina ubicada cerca de El Manteco, en el municipio Piar de Bolívar. De acuerdo a El Pitazo, que recogió testimonios de vecinos del lugar, ocho personas habrían muerto a manos del ELN.
De Grazia echó luz sobre el episodio: “La zona esta controlada por un pran llamado ‘El Ciego’, pero el régimen decidió sustituirlo por el ELN. Para poder hacerlo tienen que matarlos. De eso se trató lo que ocurrió en la mañana del viernes”.
Pero hay zonas que también están vedadas a los grupos criminales. Según indicó De Grazia, estas son aquellas donde tienen intereses Rusia e Irán. “Además de oro, en el cinturón hay presencia de un mineral llamado torio. Este se usa para la fabricación de misiles y es de administración exclusiva y está monopolizado por los rusos e iraníes”, aseguró.
No obstante, el chavismo tiene su foco puesto en el oro. Y expertos aseguran que, una vez extraído, puede tomar uno de dos caminos: uno es ser comercializado por el régimen. El otro es desconocido.
Con respecto al primero, se han documentado envíos de oro a Turquía a cambio de efectivo que se usado para comprar alimentos. Sólo en 2018 el chavismo vendió 73 toneladas de oro venezolano a los Emiratos Árabes Unidos y Turquía
Y pese a que Estados Unidos impuso sanciones a su comercio, a lo largo de 2019 el régimen logró evadirlas en distintas ocasiones y concretar ventas en los Emiratos Árabes Unidos, Uganda y Turquía.
Por ello, con el objetivo de continuar cerrando el cerco, el presidente encargado Juan Guaidó solicitó oficialmente a la Unión Europea que catalogue al oro como “oro de sangre” para evitar que “financie al paraestado”. “Es parte de lo que podemos hacer más efectivo, ¿para qué? Para que no alimenten al paraestado”, sostuvo Guaidó, que destacó que la oposición busca que “ese tráfico de oro se transforme en vacunas para los niños de nuestros hospitales (…) en tratamientos médicos”.
En tanto, sobre el segundo se explayó la periodista de investigación Lisseth Boon, quien en un foro sobre la minería ilegal en Venezuela organizado en diciembre por el Atlantic Council, un think tank ubicado en Washington D.C, explicó que “organizaciones sin fines de lucro calculan que un promedio de 80 toneladas de oro al año se están fugando de Venezuela, por caminos irregulares, sin ningún tipo de rendimiento de cuentas«.
A su vez, explicó que las rutas del contrabando tienen dos destinos: las Islas Aruba, Bonaire y Curazao, en el caribe y, por tierra, mediante las fronteras con Colombia y Brasil. Según cifras de Transparencia Venezuela, el 30 por ciento de la producción de oro se destina a estos propósitos.
A juzgar por las cifras disponibles, la combinación del efecto de las sanciones y los niveles de producción alcanzados no son suficientes para satisfacer las necesidades financieras del régimen. Desde que Maduro está a la cabeza del régimen, las reservas de oro han disminuido en un 60 por ciento, graficó Boon. Y la evidencia indica que la tendencia continuará en esta dirección. // Infobae
