Mediante una jugada para adelantarse a la Corte, colorados y liberales sancionaron un texto que despenaliza la información falsa de los bienes y da vía libre a políticos corruptos a enriquecerse.
Con 44 votos de colorados y liberales fue sancionado ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios, que ahora queda en manos del presidente de la República.
La versión del Senado fue rechazada y la mayoría decidió ratificarse en el texto con dictamen positivo de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Con esta nueva norma, los datos falsos que sean hallados en las declaraciones sobre los bienes de todos los funcionarios, incluyendo altas autoridades, serán considerados errores administrativos y, por tanto, quedan despenalizados.
“La declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR) es un acto unilateral, del que no deriva decisión sobre proceso alguno; por tanto, la misma queda exceptuada como testimonio, y no podrá ser considerada como elemento constitutivo de hechos punibles relativos a la prueba testimonial. La responsabilidad que emerge en todo lo relativo a declaraciones juradas ante la CGR es netamente de carácter administrativo”, expresa el texto aprobado en su artículo 1.
PUBLICIDAD. Si bien el proyecto original presentado por senadores del Partido Patria Querida (PPQ) el pasado año establecía hacer público el contenido de las declaraciones presentadas ante la CGR, incluso mediante una página web, la versión de Diputados impone el requisito de una orden judicial. “La autorización expresa e irrevocable del declarante, que faculte a la CGR, a través del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, a dar a conocer públicamente los datos contenidos en su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos”, se indica en el artículo 3.
Por otro lado, se establece que las empresas o personas jurídicas proveedores del Estado también deberán rendir cuentas de su patrimonio ante la CGR. Los opositores consideraron el proyecto como una violación al artículo 104 de la Constitución, sobre las declaraciones juradas.
La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González pidió aplazar el estudio atendiendo que la Corte tenía pendiente resolver acciones sobre publicidad de las declaraciones, pero la idea de los partidos tradicionales era adelantarse al pronunciamiento. “Nos opusimos a esa liberación sin orden judicial; no obstante, hicimos otras modificaciones para establecer un procedimiento administrativo en la sede de la propia CGR, para completar la documentación y valoración de bienes en cualquier declaración”, alegó Derlis Maidana, titular de Constitucionales.
