Incluso el oficialista e imputado Éver Noguera solicitó incluir y se aprobó el requisito de dos tercios para expulsar a un legislador, mayoría que no está establecida en la Constitución Nacional.
La Cámara de Diputados desafía una vez más la paciencia ciudadana, pues aprobó ayer el proyecto de ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura. Los legisladores insisten así con el autoblindaje parlamentario, elevando los requisitos para la destitución de un integrante del Congreso.
La propuesta fue silenciosamente introducida en el orden del día y tomó por sorpresa a algunos, aunque tenía sanción ficta hoy. Aprobada con modificaciones, la iniciativa vuelve a la Cámara Alta, donde los senadores deberán ratificar su postura inicial o aceptar los cambios de los diputados.
Por si fuera poco, el diputado oficialista Éver Noguera, imputado por supuesta comisión de administración en provecho propio y asociación criminal, en el caso de adquisición de almuerzo escolar que también involucra al senador oficialista Rodolfo Friedmann, fue quien se encargó de defender la propuesta y solicitó incluir un requerimiento más: la condición del voto de dos tercios de las cámaras para expulsar a un legislador. Así, ahora se necesitarán de 53 diputados o 30 senadores para destituir a un parlamentario.
Las comisiones de la Cámara Baja ni siquiera dictaminaron a favor. En este sentido, algunos diputados de la oposición manifestaron su rechazo. Por ejemplo, el liberal Jorge Ávalos Mariño, de Legislación, argumentó que el proyecto establece condiciones no previstas en la Constitución Nacional, como una resolución judicial previa y un número excesivamente alto para la presentación de una pérdida de investidura.
El diputado agregó que se establece un procedimiento muy burocrático, con una serie de sesiones para llegar a decisión. También se pretendía un plazo de cinco meses con la posibilidad de archivar la petición si no se trataba en ese tiempo determinado, pero esto no prosperó.
El colorado Derlis Maidana, de Asuntos Constitucionales, también argumentó en el sentido de Ávalos Mariño, pero gran parte de sus correligionarios votaron por aprobar la iniciativa. El voto no fue nominal, sino con carteles en rojo y verde, y a mano alzada, y desde la Mesa Directiva se informó que 31 votos aprobaron el proyecto, la mayoría de ellos, colorados.
EN CONTRA. El patriaqueridista Sebastián Villarejo señaló ofuscado que aprobar la ley es una vergüenza y una clara muestra de “actitud corporativa”. “No tuvieron ni siquiera el coraje de dictaminar por la aprobación. A escondidas han venido a proponer y a votar. Es una señal de cobardía incluso en la posición a asumir. Es una vergüenza el cerrojo que se está haciendo”, expresó, añadiendo que sus colegas asumían una postura de “autoblindaje absoluto”.
Noguera, por su parte, solicitó modificar el artículo 9 del proyecto, para incluir el requisito de la mayoría de dos tercios de una cámara para expulsar a un legislador, “de conformidad al artículo 190 de la Constitución Nacional”, moción que fue aprobada, aunque Ávalos Mariño recordó que la conformidad debe ser con el artículo 185 de la Carta Magna, que establece una mayoría simple.
El liberal incluso pidió la reconsideración de varios artículos, donde se establece la resolución judicial previa a la destitución de un parlamentario, pero su propuesta no prosperó. Tras la aprobación del proyecto, la sesión quedó sin cuórum.
DETALLES
Dos tercios. Los diputados aumentaron la cantidad de votos necesarios para destituir a un legislador, y ahora se necesitan 53 votos en Diputados y 30 en la Cámara de Senadores.
Judicial. En el proyecto se incluye la palabra “ilegal”, lo cual determina que debe existir una resolución judicial previa para poder expulsar a un parlamentario.
Senado. Tras las modificaciones al proyecto introducidas por los diputados, el plan vuelve a la Cámara Alta, donde surgió la iniciativa.
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