El diputado liberal Cleto Giménez pidió a sus hijas renunciar a sus cargos en la Cámara de Diputados “atendiendo a la sensibilidad social que generó los puestos de trabajo”. Danna Maricela Giménez Rotela percibe un salario de G. 7.700.000 y su hermana Johana tiene un ingreso de G. 3.300.000.
A través de la red social X (ex Twitter), el diputado dionisista Cleto Giménez anunció que pidió a dos de sus hijas que renuncien a los cargos que ocupan en la Cámara de Diputados, tras el escándalo desatado.
“Atendiendo a la sensibilidad social que han generado los puestos de trabajo de mi familia y después de reflexionar en familia, les he pedido que presenten su renuncia al cargo que desempeñan”, escribió el legislador al referirse a sus hijas Danna Maricela y Johana Giménez Rotela, cuyos sueldos son de G. 7.700.000 y G. 3.300.000.
Johana ingresó en el mes de julio y Danna lo hizo en el mes de setiembre del 2023, de acuerdo con la nómina de funcionarios de Diputados.
Ante las críticas desatadas por la contratación de hijos de legisladores y otros referentes políticos en la Cámara Baja, Giménez admitió su responsabilidad “de construir confianza política desde el ejemplo”, por lo que pidió a los miembros de su familia a dar un paso al costado.
Entre los casos que causaron indignación ciudadana se encuentra la contratación de Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada liberocartista Roya Torres, que a sus 19 años, cobra un sueldo superior a los G. 9 millones.
También salió a la luz la designación de Silvana Jazmín Busto Adorno, hija del diputado José Domingo Adorno, como asistente en la Cámara de Diputados, con un sueldo de G. 4.250.000.
Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, percibe una remuneración superior a los G. 18 millones como coordinadora de Liquidación en la Cámara Baja.
Los beneficiados fueron contratados como asesores con salarios que van desde G. 3 millones hasta casi G. 20 millones.
Alejandro Ovelar, hijo del titular del Congreso, Silvio Beto Ovelar, trabajó como asistente con un salario de G. 3.300.000, hasta que renunció tras las polémicas declaraciones de su padre, en un intento de defender su contratación.
Según Máximo Medina, director interino de Asesoría Jurídica de la Cámara de Diputados, no se violaron leyes de nepotismo, de racionalización de gastos públicos, ni el reglamento interno en la contratación de los hijos de legisladores.
