La diputada Celeste Amarilla presentó este lunes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la sanción que le fue impuesta en la Cámara de Diputados. La legisladora fue suspendida por sus expresiones sobre compras de bancas con dinero sucio.
La diputada liberal, Celeste Amarilla, acompañada de sus colegas opositores Kattya González y Sebastián García, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Cámara de Diputados de suspenderla por 60 días de sus funciones, sin goce de sueldo.
Amarilla también comunicó que presentó un amparo constitucional para ocupar su lugar mientras se resuelve la acción. Ambos documentos pidió presentarlos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón.
Aseguró que esto no es una manera de presión, sino que lo solicitó ante el riesgo de un quiebre institucional. Con esto se espera anular la resolución de la Cámara de Diputados.
«Me acompañan (los diputados) porque no soy yo, me acompañan porque esto es un problema institucional. Estamos ante un posible quiebre institucional», advirtió la parlamentaria.
Además, mencionó que sus pares de tercer espacio de la Cámara Baja ya realizaron reclamos internacionales y que ella también los realizará en los próximos días.
«Yo lo voy a hacer también, a título personal a la embajada de EEUU, a la Unión Europea y a la Comisión Helsinki, que es una bicameral del parlamento norteamericano, precisó.
Amarilla fue suspendida la semana pasada por una mayoría colorada y liberales llanistas que dijeron haberse sentido ofendidos por las expresiones que al menos 60 o 70 legisladores ingresaron al Congreso Nacional con dinero sucio.
El proyecto de resolución, que inició con un debate libre, terminó convirtiéndose en una sanción sin siquiera permitirle defenderse. Los diputados opositores defendieron a Amarilla alegando que la misma no puede ser castigada por sus dichos, ya que la misma estaba protegida por la inmunidad de palabra que poseen todos los legisladores.
Esta situación llevó a una indignación ciudadana, de senadores e incluso de la representación diplomática de Estados Unidos por parte del encargado de negocios de la Embajada de los EEUU en el Paraguay, Joe Salazar, quien defendió respeto a la libertad de expresión.
Ante la presión, diputados liberales presentarán este miércoles un proyecto de resolución que revoca la sanción aprobada en la sesión anterior.
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