El ex rector, y actual miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), Dr. Pablo Martínez Acosta, quien había sido sindicado de ser responsable de las irregularidades que se cometieron en el llamado a licitación para la construcción del empedrado de acceso al campus de la casa de estudios según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y que tuvo como consecuencia una denuncia ante el Ministerio Público, fue eximido de carga penal, al igual que otros funcionarios que también fueron investigados.-
En una conferencia de prensa que se realizó el último miércoles de diciembre pasado, el Dr. Pablo Martínez, acompañado de su abogado Daniel Benítez, presentó los documentos referentes a la investigación penal que fue llevada a cabo por la fiscal Viviana Duarte Bojanovich.
En la resolución a la que se hizo mención, el juez Carlos Zelaya admitió la desestimación de la denuncia que fue presentada por el actual rector Lic. Hugo Giménez sobre Lesión de Confianza.
En el documento de pedido de la desestimación, la agente fiscal menciona los peritajes realizados a las obras que según la Arq. Olga Fleitas, perito del Ministerio Público asciende a 630.942.500, mientras que el pago realizado a la constructora es de G. 617.879.632, por lo que no existió el daño patrimonial y por ende tampoco resultó en lesión de confianza.
La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada por el actual rector de la UNCA, Lic. Hugo Giménez, y fue desestimada por no constituir un hecho punible, según argumenta la fiscal Duarte Bojanovich.
Los demás funcionarios que fueron absueltos son el Arquitecto Carlos Antonio López Dose(fiscalizador de obras), Carlos Manuel Martínez Caballero (ex asesor jurídico), Elizabeth Concepción Sánchez (auditora interna), Lourdes Duarte de Zarza (ex secretaria general), Julián Epifanio Carballo Godoy (ex director financiero) y Fabiola Roció Espínola (unidad operativa de contrataciones).
La investigación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y de la Contraloría General de la República, inició tras la denuncia iniciada en la Cámara de Diputados en julio del año 2015.
Según la DNCP existieron irregularidades en el proceso del llamado, contratación y ejecución de la obra, por parte de la empresa del Ing. Darío Ramón Jara Pereira, por el cual fue abonado G. 698.000.000.
Tras los dictámenes de la Contraloría y Contrataciones Públicas que afirmaron existir irregularidades administrativas en la construcción del empedrado de acceso, los estudiantes convocaron a un paro universitario y tras varios días de protestas lograron la renuncia de Pablo Martínez y Hugo Recalde, rector y vicerrector respectivamente.
También renunciaron el asesor jurídico Carlos Martínez y el director de Administración, Julián Carvallo.
