Dos jóvenes denunciaron a policías de Ciudad del Este por extorsión y agresión tras ser interceptados en una estación de servicio. Según la denuncia, los agentes exigieron dinero y los golpearon antes de liberarlos.
Agentes de la Subcomisaría 46ª de Ciudad del Este están siendo investigados por un presunto caso de extorsión y agresión ocurrido en la madrugada del jueves.
Según la denuncia presentada por las víctimas, los policías abordaron a los jóvenes en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Blas y les exigieron la suma de G. 6 millones. Tras ser golpeados y ante el temor, ambos entregaron G. 2 millones para ser liberados.
Las víctimas fueron identificadas como Fernando Nicolás Britos Román, ingeniero agrónomo de 28 años, y su amigo Diego Lezcano, de 24 años. Britos Román conducía una camioneta GEELY, color blanco, cuya matrícula aún está en trámite debido a que es cero kilómetro.
El ingeniero relató que se encontraba cerca de su domicilio, en las inmediaciones de la estación de servicio Puma, cuando fue interceptado por los uniformados.
“Nosotros íbamos a comprar algo que nos faltaba y, justo en ese momento, ellos estaban realizando un control de vehículos a unos 200 metros. Tal vez pensaron que huíamos, pero de repente actuaron de manera muy violenta”, explicó a un medio local.
Según su versión, los agentes lo agredieron físicamente y, a pesar de intentar dialogar para explicarles que su vehículo era nuevo y aún no tenía chapa, fue reducido y subido a una patrullera. “Me negué a entregarles las llaves, pero uno de los policías utilizó su picana para inmovilizarme y me las sacó de la mano”, denunció.
Posteriormente, Britos Román, Lezcano y el vehículo fueron trasladados a la Subcomisaría 46ª, donde los policías realizaron una nueva revisión del automóvil. Al pedir explicaciones, el ingeniero fue nuevamente agredido. Su amigo, al intentar grabar la situación, fue despojado de su celular.
La situación culminó cuando Susan Carina Ocampos, esposa de Britos Román, llegó al lugar. Al ser coaccionada por los agentes, Ocampos logró reunir G. 2 millones para pagar por la liberación de su esposo.
La denuncia fue presentada por las víctimas y el ingeniero agrónomo aseguró que hará una denuncia formal este ante el Ministerio Público.
