La empresa encargada de la duplicación de la Ruta Py 02, presentó una denuncia formal contra el grupo de personas quienes tratan de obstruir los trabajos a la altura del km 178 de Caaguazú donde se realizan manifestaciones y supuestamente crean inconvenientes para la consecutividad de la labor.
La denuncia fue realizada ante la fiscal Rita Prieto, por parte de la representante de la empresa Rutas del Este, dónde se expone que desde el 21 de octubre no se ha podido dar seguimiento a los trabajos desde el km 178/100 y el 178/280, por que pobladores de la zona salen a manifestarse y a impedir las labores.
Señalan también que los argumentos legales sobra, trayendo a colación los artículos de la Ley de Tránsito, la misma Constitución nacional, por lo que solicita al Ministerio Público, proceder de acuerdo a lo que se establece en las normas jurídicas.
Los hechos denunciados, atribuidos a estas personas cuyos datos particulares desconocemos por no haber identificado, pero que se solicitará a la policía local, es que violan expresamente lo dispuesto por el art. 15 de la Ley 1066 «QUE REGLAMENTA EL ART. 32 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL», también conocida popularmente como «Ley del Marchodromo», que expresamente establece: «Artículo 15 °, publicó el medio Caaguazú Noticias Digital.
Ninguna reunión o manifestación pública podrá bloquear puentes, vías férreas ni rutas o caminos públicos.
Además, los citados hechos también se subsumirían en los presupuestos fácticos de otros tantos hechos punibles previstos y penados por el Código Penal, la «PERTURBACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS» (Art. 218), «PERTURBACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA» (Art. 234) , «AMENAZA DE HECHOS PUNIBLES» (Art. 235), «INCITACIÓN A COMETER HECHOS PUNIBLES» (Art. Como ser 237).
Así también en un mensaje enviado a los medios de prensa se expone cuanto sigue;
“El derecho de todos los paraguayos no se puede ver afectado por acciones de particulares. El derecho a ser escuchado se encuentra plenamente vigente y existen los procedimientos adecuados para ello, por eso no se debe afectar las obligaciones y derechos de otros, en este caso, es desarrollar infraestructura de calidad para todos los paraguayos. En nuestra obligación, además velar por la continuidad laboral de todos nuestros colaboradores.”
La firma además enfatiza que los transtornos, manifestaciones, causan daños al desarrollo normal del contrato, provocando pérdidas a la empresa y a la población paraguaya, que al final es la que deberá pagar los platos rotos.
Cabe señalar que la presentación de la denuncia es contra personas innominadas, pero a la vez se han presentado imágenes fotográficas de la manifestación del día martes 27 de octubre, donde se observan a los que encabezaban la protesta ciudadana y a los seguidores, que si la fiscal actúa, tendrán que ser llamados a declarar y posiblemente imputados.
