La Defensoría del Pueblo continuará recibiendo y canalizando los reclamos de sobrefacturación de la ANDE que sean denunciados por parte de los usuarios. Hasta el momento ya recibieron cerca de 80 quejas, hechas bajo declaración jurada.
En principio, la Defensoría del Pueblo mediará los reclamos recibidos a través de una solicitud de informes que justifiquen los montos elevados en las facturas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Funcionarios de la institución ya estuvieron presentes este lunes en la propia sede de la empresa estatal, a fin de recibir las quejas de los usuarios. Hasta el momento se presentaron poco más de 80 reclamos, hechos bajo declaración jurada, sobre los supuestos hechos de sobrefacturación.
Con este mismo operativo continuarán en el trascurso de la semana, en las inmediaciones de la estatal eléctrica, informó la Defensoría en un comunicado este martes.
A partir de esta iniciativa fue que salió a la luz el caso de una usuaria de tarifa social, a la que la ANDE facturó más de G. 5 millones.
Se trata del caso de Andrea Joaquina Velázquez, quien antes estaba abonando G. 7.000 al mes, sin variar la cantidad de equipos en su domicilio.
Así también se registraron otros casos, como los de Alfredo Alfonso, usuario residencial de Itauguá, que usualmente abonaba menos de G. 500.000. En el último mes le vino un monto superior a G. 1.700.000. Por su parte, el usuario afectado también había indicado que mantiene la misma cantidad de electrodomésticos en su casa. Incluso, racionó el uso del aire para no recibir una cuenta muy alta.
La ANDE, sin embargo, no reconoce que haya sobrefacturaciones. Alega posibles errores de lectura, aunque asegura que los medidores digitales no están funcionando mal.
Las sobrefacturaciones, tras ser reclamadas en la ANDE, también se pueden denunciar en la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), presentando las cuatro últimas facturas de consumo y solicitar a la entidad que se haga un promedio del consumo.
La Sedeco no puede obligar a la estatal a resarcir el daño de manera inmediata, pero en caso de que se comprobase irregularidades, emite una resolución administrativa para que el usuario afectado acuda a tribunales, y se dicte la ejecución. // UltimaHora
