Pese a los intentos de mayor control y disminución de contratados, luego de diversos escándalos de planillerismo y tráfico de influencia, el TSJE sigue repartiendo cupos políticos partidarios.
De los casi 5.000 funcionarios públicos que integran todo el esquema de la Justicia Electoral en Paraguay, ninguno de ellos ingresó por el sistema de concurso público de oposición que establece la Ley de la Función Pública, gracias a la acción de inconstitucionalidad que presentaron y ganaron en octubre del 2013 contra dicha legislación.
Esta institución registra que 2.388 funcionarios trabajan en la sede central en Asunción: 2.042 permanentes y 346 son contratados.
Los sueldos también son millonarios. Un director llega a ganar G. 25.608.270, según los datos publicados por la institución.
La Ley N° 1626 del año 2013 “De la Función Pública” estableció que el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública será el de concurso público de oposición.
“Se entenderá, por concurso público de oposición, el conjunto de procedimientos técnicos que se basará en un sistema de ponderación y evaluación de informes, certificados, antecedentes, cursos de capacitación y exámenes, destinados a medir los conocimientos, experiencias e idoneidad del candidato, expresándolos en valores cuantificables y comparables, conforme al reglamento general que será preparado por la Secretaría de la Función Pública y aprobado por decreto del Poder Ejecutivo”, señala el artículo 15 de la citada ley.
El argumento de la Justicia Electoral para solicitar a la Corte Suprema de Justicia ser excluido de este sistema establecido por ley se basa en que la institución se rige por la Ley N° 635 del año1995, que en su artículo 87 establece un criterio de selección de personal basado en la representación parlamentaria, pero esto es a modo de sugerencia, no como criterio rígido. “Las designaciones de funcionarios las hará el Tribunal Superior de Justicia Electoral, de conformidad con la idoneidad y, en lo posible, con la proporción de bancas que los partidos o movimientos políticos tienen en la Cámara de Senadores”, dice el segundo párrafo de dicho artículo de la ley.
Criterio. El director de Asesorías Electorales y el director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro y César Ruiz Díaz, respectivamente, explicaron que este sistema se basa en un criterio de control mutuo de los principales partidos políticos, por ejemplo, a la hora de realizar inscripciones en el Registro Cívico Permanente (RCP).
Mauro indicó que la Justicia Electoral actual es diferente a otros organismos del Estado porque se basa en el mutuo control y no se puede mirar solamente a un grupo político, ya que el trabajo de cada funcionario vinculado a un partido debe ser vigilado por otro. “Si yo soy colorado, él tiene que ser liberal o Frente Guasu, esa es la proporción que tenemos, desde la conformación de los ministros… No puede haber dos colorados o dos liberales, por ejemplo, y lo mismo sucede en todo el estamento. Un funcionario de un partido tiene que ser conocido y controlado por otro funcionario”, explicó.
2.388 funcionarios trabajan en la sede central del TSJE en Asunción: 2.042 permanentes y 346 son contratados.
2.321 funcionarios trabajan en las diferentes oficinas del Registro Electoral que se encuentran en el territorio.
562 en otros: 187 en Registro Cívico Electoral, 150 en Identidad Electoral, 117 en Tribunales, 132 en Juzgados.
4.949 es el total de funcionarios que trabajan en dependencias de la Justicia Electoral, ninguno por concurso.
37.668.505 guaraníes es lo que cobra un ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, según datos de MEF.
25.608.270 guaraníes es lo que cobra un director de la Justicia Electoral, según los datos publicados por la institución.
Personal contratado alcanzó 2.121 al cerrar año electoral
El director de Asesorías Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, destacó que desde el 2012 a esta parte se redujo en un 88% el número de funcionarios contratados que tenía el TSJE, de donde se habían descubierto numerosos casos de planillerismo y tráfico de influencias de clanes familiares.
“La Justicia Electoral pegó un salto muy importante en cuanto al ordenamiento administrativo. Fijate que en el 2012 teníamos 17 mil contratados y terminamos con 2 mil y monedas. Hubo un 88% de reducción del número de contratados desde aquel año a esta parte”, subrayó.
Por su parte, el director de Financiamiento Político, César Ruiz Díaz, explicó que el sistema político de contratación de funcionarios es una forma de afianzar el control mutuo de los procesos electorales.
Los abusos. Respecto a las presiones e influencia que tienen los principales partidos políticos, como el Partido Colorado o el Partido Liberal, o dirigentes de estos grupos señalaron que hay dos tipos de funcionario, el responsable de los aspectos más técnicos y los que tienen un rol político.
“Por ejemplo, un senador puede enviar tres o cuatro recomendados, y lo que tengo que ir viendo es cómo ubicarles o dónde ubicarles para que ejerzan ese control mutuo”, manifestó Mauro. Ruiz Díaz comparó con otros países el sistema y manifestó que una ventaja de Paraguay y el TSJE, es que está compuesta por un equipo de profesionales institucionales y técnicos, que aseguran que el proceso electoral se pueda llevar adelante y pueda concluir con pleno éxito, como se viene desarrollando hasta ahora, según dijo. Mauro destacó que los funcionarios públicos del TSJE que van adquiriendo experiencia y conocimientos importantes para los comicios, dijo.
17.315 era el número de funcionarios contratados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) en el año 2012.
2.121 fue el número total de personal contratado por el TSJE durante el 2023, año de la última elección general.
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