Campesinos condenados solicitan que la Corte Suprema anule la sentencia dictada en el juicio oral. Si fallo es ratificado, quedarán instancias internacionales. De los once condenados, cuatro están en prisión.
A seis años de la mañana en la que 11 campesinos y 6 policías murieron en un procedimiento de desalojo en las tierras conocidas como Marina Cué, en Curuguaty, el reclamo de organizaciones civiles y campesinas persiste: justicia.
Para los familiares de las víctimas campesinas de la matanza, esto significa no solo anular las condenas dictadas a 11 ocupantes de estas tierras, sino también que el Estado entregue el inmueble a las familias que lo ocupan y que se investiguen las circunstancias en las que murieron los once campesinos aquel 15 de junio de 2012.
Actualmente, está pendiente un recurso de casación presentado por la defensa de los condenados con el fin de anular la sentencia dictada en el juicio oral y público
en el que fueron encontrados culpables de delitos como homicidio doloso consumado y tentado, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
En el juicio, el tribunal concluyó que los ocupantes de Marina Cué emboscaron y mataron a los seis policías liderados por el difunto subcomisario Erven Lovera.
Por su parte, la defensa cuestionó la violación de garantías procesales y el hecho de que se pretenda responsabilizar a los campesinos de una emboscada, a pesar de que más de 300 policías armados participaron del operativo, frente a cerca de 50 ocupantes que solo contaban con algunas armas para cazar animales.
PROCESO. La condena fue confirmada en segunda instancia y de ratificarse en la Corte, la defensa aún planea litigar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Uno de los puntos más cuestionados por la defensa es que el proceso judicial se centró en la muerte de los seis policías y hasta ahora la Fiscalía no esclareció cómo murieron los campesinos.
Raúl Caballero, uno de los abogados de la defensa, señaló que la Sala Penal que debe estudiar la casación está integrada por los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón, ambos del fuero penal.
La sala está conformada por camaristas debido a la inhibición de ocho ministros de la Corte, la renuncia al cargo de Alicia Pucheta y la inhibición de una quincena de camaristas del fuero penal y civil, según explicó Caballero.
RECLAMOS. De forma paralela a los vericuetos procesales, más de 100 familias se encuentran ocupando Marina Cué desde hace dos años. La ocupación ya cuenta con casas, plantaciones agrícolas, una capilla y hasta una escuela.
Las tierras siguen en el medio de una maraña judicial que se remonta a 1967, cuando La Industrial Paraguaya SA las donó al Estado. Décadas después, la firma Campos Morombí hizo un juicio de usucapión sobre el inmueble.
En medio de este conflicto ocurrió la ocupación en el 2012, que terminó en la masacre. La empresa “donó” el inmueble al Gobierno en 2015, pero para que el terreno sea convertido en una reserva forestal, no en asentamiento campesino. El conflicto por las tierras aún no se resolvió.
