En sesión del Senado, este martes se desarrolló la primera etapa del juicio político al contralor. Los diputados que fungieron de fiscales acusadores presentaron argumentos y ofrecieron pruebas. El martes 23 de abril, Enrique García deberá defenderse.
Tal como lo indicaba la agenda preestablecida, este martes a las 09:00 arrancó la primera etapa del juicio político al contralor general de la República, Enrique García.
En sesión extraordinaria del Senado, los diputados designados como fiscales acusadores, Ramón Romero Roa, Celeste Amarilla y Hernán Rivas, se presentaron para exponer el libelo acusatorio, con los argumentos y los elementos colectados que sostienen como pruebas de los delitos de los que acusan a García.
El contralor es indiciado por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, mal desempeño de funciones, asignación irregular de viáticos, contratación irregular de consultoría, concesión indebida de privilegios, tráfico de influencias, entre otros hechos punibles que se detallaron durante la exposición de acusaciones.
SOLO ESCUCHARON LAS ACUSACIONES
En la sesión también estuvo presente el contralor en compañía de su equipo de abogados defensores, integrado por el jurista Álvaro Arias, Paola Villalba, Guillermo Weiler y Ramón Gorostiaga, quienes por hoy solo se limitaron a escuchar las acusaciones, pues tendrán la oportunidad de presentar sus alegatos el martes 23 de abril, en la siguiente etapa agendada para continuar el juicio político.
El tribunal de fiscales acusadores aclaró en todo momento que el juzgamiento se da “en el ambiente exclusivamente político”, y que a la justicia ordinaria le corresponderá procesar a García en otra área, de ser necesario.
Ramón Romero Roa, uno de los miembros del tribunal, afirmó que Enrique García “no cumplió con la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la tarea de contralor, por lo tanto creemos que el tribunal debe indefectiblemente separarlo del cargo que actualmente ocupa”, expuso.
A su turno, la diputada liberal Celeste Amarilla, señaló que García, en el caso Ivesur, “para ocultar un hecho negligente realizó un hecho peor, falsificando un documento”, dijo.
«VIÁTICOS ABUSIVOS»
Recordó también que el contralor “se benefició con viáticos abusivos, contrató servicios innecesarios, e ingresó a su cuenta sumas que no se condicen con sus ingresos”, acusó.
Aclaró que a juicio del tribunal acusador, “no importa si la Municipalidad perdió dinero o no, si la Corte le salvó o no. Este es un juicio donde se juzgan culpas políticas”, aseveró.
Lo juzgó a su vez por “regalar viáticos a sus amigos, contratar cientos de recomendados por aquellos a quienes debe controlar dentro de un escenario de chantaje y extorsión a cambio de impunidad”, remarcó.
Por su parte, el diputado Hernán David Rivas, brindó mayores precisiones relacionadas al manejo turbio de dinero por parte de García.
MILLONARIOS DEPÓSITOS
Expuso que el contralor, desde que asumió el cargo el 2 de noviembre de 2016, “realizó depósitos en su cuenta por G. 4.462.355.395 millones.
Además, precisó, entre el 2016 y el 2017 realizó depósitos por G. 1622.204.549.
Destacó que “estos depósitos no incluían su salario, razón por la que se sospecha que los depósitos no provienen de sus ingresos como funcionario”, acusó.
Agregó que García tampoco podría alegar que dichos depósitos provengan de sus utilidades como socio de la firma 6 de abril SA, pues esta empresa de la que es socio “desde el 2016 que se constituyó, se declaró sin movimiento ante la SET”, argumentó Hernán Rivas.
El diputado añadió que los fondos que ingresó García al sistema financiero tampoco pudieron venir del ejercicio de la profesión privada “porque en noviembre de 2016 asumió como contralor y se encontraba imposibilitado a ejercer otra función”, dijo.
En segundo lugar, expresó Rivas, “en el hipotético caso que sea en concepto de créditos que le debían antes de ejercer la función pública”, eso sería una mentira, porque los fiscales acusadores colectaron pruebas que muestran que en el 2017 García “se declaró sin movimientos en el formulario 120 IVA.
Esto demuestra que no facturó en concepto de honorarios profesionales”, resaltó.
Además de las sumas ingresadas en sus dos cuentas bancarias, Rivas mencionó que Enrique García también posee cuentas corrientes en otra entidad bancaria, el BBVA, “en la cual tuvo un movimiento de G. 74 millones entre el 2016 y el 2017”, contó.
CUENTAS EN DÓLARES
Las sumas de más arriba no incluyen la suma de 71.071 dólares que fueron movilizadas, según el fiscal acusador Hernán Rivas, en la cuenta corriente de García en el banco Itaú.
Contó además que García es titular de varias tarjetas de crédito cuyas líneas de crédito van hasta G. 51 millones.
Es titular, además, según la parte acusadora, de otra cuenta corriente en dólares que tuvo un movimiento de de 100.000 dólares en banco continental, y que ahora está inactiva.
“Todos estos datos denotan que existen elementos suficientes que permiten sostener que hay alta sospecha de un incremento del patrimonio de García que no se compadece con sus ingresos. En principio hay méritos para afirmar que dicho incremento no provendría de cuentas lícitas”, enfatizó el diputado Hernán Rivas.
Además, mencionó el acusador, García es propietario de dos inmuebles “que deberán ser investigados ante la sospecha de hechos punibles cometidos”, y aclaró que “los montos mencionados son sin incluir el valor de estos inmuebles como las mejoras de los mismos. Esto hará que el valor de las casas se incremente”, resaltó.
OTROS DEPÓSITOS
Los depósitos que hacía Enrique García al parecer no culminaron ahí. El diputado Hernán Rivas afirmó que durante el 2017, ejerciendo el cargo de contralor, solo en agosto “hizo cuatro depósitos en una de su cuenta por valor de G. 320 millones, depósitos que no porvendrían de sus haberes como funcionario público”, dijo.
Continuó relatando que “el 21 de agosto de 2017 (García) depositó G. 50 millones y en tres días otro depósito por el mismo valor. El 28 de agosto depositó G. 100 millones más y a los tres días vuelve a depositar G. 120 millones. Estas sumas no fueron declaradas por él en el formulario 120 IVA”, aclaró el diputado. Por tanto, concluyó, este dinero “no pudo ser producto del ejercicio de la profesión ni de utilidades de la empresa donde es socio”.
El diputado acusador arguyó que “Todas las circunstancias denotan claramente que hay motivos serios que la comprometen en la comisión de hechos punibles, pues al introducir este dinero al sistema financiero (García) tendría el propósito de ocultar el origen de esos fondos”.
Recordó por último que la mencionada empresa 6 de abril S.A, el contralor la constituyó “con su director jurídico de la Contraloría, con un capital inicial de G. 1.000 millones en el rubro del sector inmobiliario. Sobre esto, se estaría ante el hecho de lavado de dinero”, analizó.
DEFENSA, EN UN MES
Con la finalización de las acusaciones y pruebas presentadas, se levantó la sesión extraordinaria aclarando que se correría traslado de los documentos presentados a la parte acusada emplazándola para que formule su defensa y acuda el martes 23 de abril a exponer sus alegatos. //ABC Color
