El juez de Garantías debe resolver sobre la recusación a la fiscal. Luego, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, sobre la apelación de la prisión preventiva de los ocho detenidos.
El voluminoso expediente de la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa (18) entra en etapa de definiciones. En tanto los abogados de los papás del chico procuran dar con testigos claves, uno de ellos el llamado «sospechoso N°11» y otro, cuya aparición es más reciente, identificado como «José Gordo», activo en un ida y vuelta de chats con uno de los rugbiers.
Del otro lado, la defensa de los rugbiers insistirá en su estrategia de corroer la labor que llevó adelante la fiscal desde que los detuvo horas después del asesinato, hace de eso cuarenta días.
Pero lo esencial pasará por los estrados de la Justicia. En primer término, el juez de Garantías debe resolver sobre la recusación a la fiscal Verónica Zamboni. Luego, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores decidirá sobre la apelación de la prisión preventiva de los ocho detenidos. ¿Deben esperar el juicio en la cárcel?
En la primera oportunidad que tuvo, en la audiencia preliminar, un día antes de que el juez David Mancinelli dictará la preventiva para los ocho detenidos, y de que les agravara la calificación penal con la «alevosía», el abogado Hugo Tomei pidió que se los beneficie con el arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
El juez no lo negó y solicitó informes socio ambientales para evaluar tal posibilidad. De todos modos, fuentes del caso señalaron que teniendo en cuenta la pena en expectativa -en el caso de los rugbiers a los que se les imputa un homicidio doblemente agravado, corresponde prisión perpetua-, «lo más probable es que llegue el día del juicio con ellos en la cárcel».
Al argumentar la preventiva, el juez consideró que existen «peligros procesales» que justifican el encarcelamiento preventivo de los sospechosos, como el riesgo «de fuga y entorpecimiento probatorio».
Mancinelli debe resolver en las próximas horas la recusación de la fiscal Zamboni. Había fijado una audiencia y convocado a las partes, a los abogados de los papás de Fernando, del estudio de Fernando Burlando, y a la defensa, que contrarió a todos con su postura: dijo que no había tenido tiempo de prepararse, por lo tanto se excusó de presentarse.
Las posibilidades ahora son que el juez notifique a las partes vía digital o que fije una nueva audiencia de recusación; cualquiera sea la forma, luego resolverá.
Tomei apeló la prisión preventiva y ahora será la Cámara de Apelaciones de Dolores la que confirme o modifique la situación de los imputados. La decisión la tiene la Sala I del Tribunal que integran los jueces Fernando Sotelo, Luis De Felitto y Susana Yaltone.
El recurso de apelación insiste en los planteos de nulidad que ya había esgrimido Tomei, y no ataca la calificación ni el rol que la fiscal les da a cada uno de los imputados, ocho de ellos considerados «coautores» y dos, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, ambos en libertad por falta de pruebas en su contra, como «partícipes necesarios».
Esos mismos planteos Tomei los presentó en la Justicia para denunciar penalmente a Zamboni. Uno indica que el fin de semana que los rugbiers fueron detenidos no se cumplió correctamente con las formas que establecen los artículos 308 al 315 del Código Procesal Penal bonaerense. El expediente tramita en la UFI 4 de Dolores, del fiscal Mario Pérez.
Además, podrían surgir novedades sobre las medidas urgentes que pidió Burlando a la fiscal, entre éstas la identificación de dos personas, uno el menor de edad, T.C. (17), por sus iniciales, que se ve en los videos junto a los rugbiers yendo hacia la casa que tenían alquilada en Villa Gesell, luego del crimen; y otro testigo que chateó con Blas Cinalli, cuya declaración testimonial sería «de sumo interés» para la causa.
En ese diálogo, el rugbier le comenta a «José Gordo», como lo tenía agendado, lo que había ocurrido en la madrugada. «Amigo, flasheamos, matamos a uno», le confiesa.
