La Corte Suprema de Justicia aprobó la utilización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económicos en Asunción y el departamento Central.
La decisión fue tomada a solicitud de la Policía Nacional, que alegó contar con la infraestructura y capacidad técnica para monitorear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cualquier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medidas restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.
Según datos expuestos por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras electrónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron rechazadas por limitaciones técnicas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.
“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesaria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Agregó que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y reducir el hacinamiento penitenciario, al brindar una opción efectiva al encierro.
Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dispositivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficiario, salvo en caso de insolvencia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.
La Acordada N.º 1.779, recientemente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obligatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.
Para cada caso, la Policía Nacional debe realizar un estudio técnico de viabilidad, verificando la cobertura de señal GPS, conectividad y zonas de movimiento. La opinión de la víctima también deberá ser considerada antes de otorgar el beneficio.
