La quebrada cooperativa Coronel Oviedo Ltda., ya pagó hasta la fecha G., 50.000 millones en concepto de interés por el crédito de G. 29.000 millones otorgada por las entidades bancarias poseedoras del fideicomiso. Por varios años el Consejo de Administración se pasó refinanciando la deuda comprometiendo los ahorros y entregando pagarés ya cancelados como garantías. Hasta ahora no hay un solo imputado. 

Luego que en el 2012 haya sido habilitada la cuestionada fábrica alcoholera, que suponía mejoraría las condiciones de vida de miles de productores y comerciantes en la zona, los más de 26.000 socios vieron venir sus sueños abajo y años de ahorros cuando el INCOOP intervino, para luego en 2015 anunciar la orden de liquidación.

 Son varias irregularidades la que fueron detectadas que obligaron a cerrar sus puertas y dejar atadas de pies y manos a los socios. Una de ellas, es alto costo de los intereses que pagaban en los últimos años y la refinanciación continua de la deuda que permitía pagar sólo los intereses, en tanto el capital prestado seguía intacto. Otra, el supuesto maquillaje de los balances que eran entregado a los socios en las asambleas para manipularlas y lograr la aprobación de los proyectos.

En todo este tiempo, la cooperativa ya llega pagando G. 50.000 millones en concepto de interés por una deuda de G. 29.000 millones, lo que comprometía cada vez más al ahorro de los socios y los bienes de la cooperativa. Sólo después de iniciar el proceso de liquidación, las entidades como Oiko Crédit y Banco Continental comenzaron a recibir pagos por el capital, tal es así que hasta la fecha se logró reducir de G. 29.000 millones a G 17.000 millones, que esperan pueda ser cancelada ante una eventual venta de la fábrica- situación que también cada vez parece más difícil- o la venta de los principales inmuebles.

En total, se perdieron unos G. 55.000 millones en ahorros y G. 34.000 millones en aporte de socios, según indicaron desde la comisión liquidadora.

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Hasta la fecha, ningún exdirectivo o funcionario fue imputado por el Ministerio Público, pese que recientemente fueran convocados unas 28 personas para prestar declaración.

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