La Contraloría General de la República inició un examen de correspondencia para investigar el patrimonio de Anadelia Acosta Armoa, funcionaria pública cuya declaración jurada de abril de 2024 presentó un saldo negativo de 15 millones de guaraníes por un préstamo hecho en el BNF.
Según Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría, la investigación fue impulsada por publicaciones que alertaron sobre irregularidades en las finanzas de la funcionaria Acosta, lo que llevó a la Contraloría a solicitar informes a varias instituciones para verificar si los ingresos y bienes declarados por la funcionaria corresponden a su situación financiera real. Entre los documentos solicitados, destacan los informes de la concesionaria donde supuestamente Acosta adquirió un vehículo, así como detalles de préstamos y otras operaciones financieras en el sistema bancario y cooperativas.
“Estamos recabando todos los datos necesarios para analizar si su patrimonio y bienes están en línea con sus ingresos”, afirmó Torres en una entrevista con el canal GEN. “Si se encuentran irregularidades, el examen determinará si hay inconsistencias en la declaración de la funcionaria”, agregó.
Se espera que el proceso de investigación concluya en un plazo de 30 a 45 días, aunque podría extenderse dependiendo de la cantidad de información por revisar.
Todo funcionario debe hacer su declaración jurada cuando asume y cuando deja el cargo. En el caso de Acosta, la misma todavía sigue en su puesto laboral. Si la misma es desvinculada, necesariamente deberá presentar sus documentos sobre la totalidad de sus bienes. En caso de no cumplir con este requisito en el plazo establecido, la Contraloría podría iniciar un sumario administrativo y aplicar sanciones.
Anadelia Acosta Armoa está imputada por el cobro irregular de indemnizaciones de la ANDE a familias humildes. La misma presentó hoy ante la Cámara de Diputados un reposo médico al cumplirse tres días de ausencia. Antes, su pedido de permiso fue negado por el presidente Raúl Latorre.
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