El contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó a radio Monumental 1080 AM que se inició la investigación patrimonial al presidente Santiago Peña con unos 27 pedidos de informes en varias instituciones tanto públicas y privadas.
El miércoles, la Contraloría General de la República inició el examen de correspondencia al patrimonio del presidente Santiago Peña, tras un pedido realizado por el mandatario salpicado por sospechas de enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Camilo Benítez, actual contralor general de la República, reveló a radio Monumental 1080 AM que se realizaron 27 pedidos de informes a instituciones públicas y privadas para iniciar las pesquisas.
Entre las instituciones se encuentran la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Registro Público, el Banco Central del Paraguay y otros.
Uno de los puntos esenciales del examen es la construcción de una mansión iniciada por Peña en la ciudad veraniega de San Bernardino.
“Pediremos informe a la propia empresa constructora para ver si es que él pagó o no, cuánto pagó, cómo pagó, qué facturas emitieron con relación a la construcción de su casa en San Bernardino. Y así vamos a ir cerrando todo el circuito”, expresó el contralor.
El funcionario estatal aclaró que la normativa vigente no habilita a la Contraloría auditar ni verificar la correspondencia de bienes o el patrimonio personal del Presidente de la República en el ámbito privado, solo durante su paso como funcionario público.
Denuncia de la oposición
El pasado 17 de octubre, el mandatario presentó una actualización de su declaración jurada y solicitó una revisión integral de la Contraloría, en medio de un escándalo que involucró al mandatario y su esposa, Leticia Ocampos, por supuestos hallazgos de sobres con dólares en el quincho de la casa presidencial Mburuvicha Róga.
Al salir a la luz el caso, parlamentarios opositores lo denunciaron por supuestos casos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio durante su mandato.
Señalaron un aumento patrimonial injustificado de 1.603% entre 2017 y 2023, compras de bienes sin respaldo legal y contratos por G. 992.000 millones a empresas vinculadas.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y actualmente está siendo analizada por investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde está en etapa de examen de correspondencia.
