El representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya en el Consejo de la Diben, Víctor Domínguez, cobró al menos durante cuatro años una bonificación de G. 700.000 mensual por ser licenciado, grado académico con el cual firmaba disposiciones, sin haber presentado el título universitario. Su caso se suma a una serie de desórdenes administrativos detectados por la Contraloría General en la institución.
Documentos señalan que como consejero de la Dirección de Beneficencia (Diben), en el 2013, Víctor Domínguez percibió como bonificación por grado académico un total de G. 9.100.000, mientras en el 2014 fueron G. 8.366.944 y en el 2015 cobró G. 8.143.056. Entre enero y marzo de 2016 percibió G. 2.100.000.
No solamente cobraba la bonificación, sino que firmaba como “licenciado”. Esto consta en los contratos por prestación de servicios que fueron rubricados por él, como consejero tesorero, en el año 2015.
Pero una auditoría interna encontró, en mayo de 2016, que Víctor Domínguez nunca había presentado el título universitario que certifique su licenciatura.
Esta ilegalidad fue directamente archivada, con anuencia del director de Diben, Fernando Mendoza, y de los demás consejeros, después que, para resarcir el daño al patrimonio estatal, Domínguez entregara un cheque a nombre de la institución por G. 27.710.000, el 23 de junio de 2016, devolviendo todo el dinero percibido como bonificación.
Un documento de la Universidad Católica, con sede en Pedro Juan Caballero, señala que en febrero de 2014, cuando Víctor Domínguez aún cobraba como “Licenciado”, él recién cursaba el Primer Año de la carrera de Administración de Empresas. O sea, estudiaba en Pedro Juan Caballero y a la vez trabajaba en Diben, en Asunción, en donde recibía G. 700.000 mensual en forma indebida. El mandato de Domínguez como representante de la Conferencia Episcopal Paraguaya feneció este mes, informaron en Diben, aunque todavía no se conoce al reemplazante, dijeron.
El caso de Domínguez no es único. Según la División de Contabilidad, la funcionaria Myriam Vega, cobró de enero de 2004 a marzo de 2016, unos G. 80.254.000 como bonificación por ser licenciada en Administración de Empresas. Ella había presentado un título universitario, pero no estaba reconocido por el Ministerio de Educación.
La asesoría legal de la entidad resolvió en junio de 2016 que Vega devuelva todo el dinero cobrado como bonificación. Según documentos del ente, paga G. 1.250.000 mensual, como si fueran cómodas cuotitas.
En ambos casos, con el compromiso de pago, las investigaciones se terminaron, y los hechos quedaron impunes.
Los responsables de Diben, ni instruyeron sumario ni denunciaron estos casos ante el Ministerio Público.
