El Congreso Nacional sancionó este miércoles el proyecto por el cual se amplía por una década la vigencia de la Ley que prohíbe las actividades de transformación y conversión de bosques en la Región Oriental, más conocida como Ley de Deforestación Cero.
El proyecto de ley que prohíbe las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental, más conocida como Ley de Deforestación Cero, fue tratado este miércoles en la Cámara de Diputados.
Los parlamentarios decidieron por mayoría, tras un prolongado espacio de debate, sancionar el documento que extiende su vigencia por 10 años más, debido a que la normativa dejaba de estar en vigor el próximo 14 de diciembre.
La Cámara de Senadores ya aprobó la propuesta el 3 de diciembre pasado, ahora pasa en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.
Ninguno de los legisladores se opuso a la ampliación de la vigencia de la normativa, puesto que queda poco tiempo para que deje de estar en vigencia. Sin embargo, algunos sugirieron introducir modificaciones.
El diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Pastor Vera Bejarano fue el primero que pidió la palabra al respecto y manifestó que se debe revisar en la ley cómo afecta al negocio de las inmobiliarias. Asimismo, expresó que las instituciones del Estado deben contar con datos oficiales acerca de la deforestación.
Pastor Soria, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), en su carácter de presidente de la Comisión de Ecología, Recursos naturales y Medio Ambiente agregó que incluso era necesario incluir la mayor participación de municipios en la ley en cuanto al ordenamiento territorial en caso de que estén rodeados de áreas boscosas.
Otros legisladores incluso aludieron que era necesario combatir la corrupción dentro de los propios organismos estatales para resguardar las áreas de bosques, como el colorado Ramón Romero Roa y la diputada por el Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González.
El legislador colorado por Itapúa, Colym Soroka, expuso que la ley «no sirve para nada», pero que igualmente votaría a favor. Desnudó la cruda realidad de la Reserva San Rafael, situado en ese departamento, que ya sufre una alta deforestación a causa de los cultivos ilegales de marihuana, rollotráfico y la explotación de carbón.
Varias organizaciones medioambientales siguieron de cerca el estudio de este punto, atendiendo la importancia de la ley para la prevención de la deforestación en la Región Oriental, que son remanentes naturales del Bosque Atlántico. Urgían la ampliación de la vigencia de la Ley 6256, aprobada este miércoles.
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