Los acuerdos han contribuido a salvar vidas, pero el país pasó de un conflicto nacional a uno territorial, mientras persiste la violencia contra líderes sociales y excombatientes.
Cuatro años después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC en Colombia, la ilusión del fin del conflicto en el país andino se ha ido desvaneciendo ante la evidencia de un nuevo ciclo de violencia organizada que no da tregua en algunas regiones. El largo proceso de paz que pusieron en marcha el expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla, hoy convertida en partido político, sacó de las armas a 13.000 combatientes de los cuales más del 90% sigue dentro del proceso de reincorporación, lo que supone un éxito para el fin de un conflicto con esa guerrilla. “Gracias al acuerdo se han salvado miles y miles de vidas”, dijo este martes el expresidente Santos sobre lo que significa uno de los mayores logros del proceso en el que coincide un sector de la población. En efecto, los militares y policías muertos en actos de servicio disminuyeron con la firma del Acuerdo y así se mantiene hasta hoy: de 219 que fueron asesinados en 2015, este año han perdido la vida 97 miembros de la fuerza pública.
Sin embargo, como indica un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), “la violencia organizada continúa y en los años recientes se ha hecho más intensa”. Si bien, agrega el documento, “durante la negociación con las FARC se salvaron cientos de vidas, en la implementación, la violencia en los municipios afectados por el conflicto se incrementó en el posacuerdo”.
En todo caso, según su análisis, ya no se puede hablar de una guerra de “orden nacional” en Colombia sino de múltiples conflictos localizados. “Persisten las disputas por el poder local con interés en economías ilícitas, mientras que la ideología se debilita”, dice la FIP, al referirse no solo al narcotráfico sino también a la minería ilegal, entre otras actividades que varían según las lógicas de cada región . Según las cifras de la FIP, las acciones de los grupos armados aumentaron en un 65% en el cuarto año tras el acuerdo de paz en comparación con la etapa previa a la firma del acuerdo. Y han cambiado las responsabilidades. Si antes del cese al fuego de las FARC, el 78% de las acciones armadas en Colombia eran adjudicadas a esa guerrilla, cuatro años después, el 38% de las acciones fueron realizadas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país, y otro 34% por las disidencias.
El Gobierno de Iván Duque, que llegó a la presidencia a caballo de críticas al acuerdo de paz y cuyo partido de Gobierno, el Centro Democrático, propuso “hacerlo trizas”, ha debido hacer malabares para implementar el proceso, que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional y al mismo tiempo mantener el equilibrio con sus votantes que lo consideran un pacto de impunidad. Y aunque Duque ha continuado con la reincorporación de los excombatientes, el incesante asesinato de estos y la inseguridad para los líderes sociales se han convertido en las principales críticas a su Gobierno. Hasta la fecha han sido asesinados 242 firmantes del acuerdo de paz.
La verdad, que prometía el acuerdo de paz, por la vía de que jefes guerrilleros y exmilitares cuenten su participación en el conflicto, se ha convertido también en un campo de batalla político en los últimos años. De la firma surgió el Sistema de Verdad Justicia y Reparación, que incluye a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o el tribunal que juzga a estos integrantes del conflicto; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, cuyo desafío implica hallar a cerca de 200.000 víctimas de desaparición forzada.
La JEP ha sido el objeto de mayores ataques, especialmente del partido de Gobierno. El expresidente Álvaro Uribe, su líder y mentor de Iván Duque, promueve un referendo para eliminarla. Sin embargo, ante este Tribunal se han presentado exjefes de la guerrilla para admitir magnicidios que estuvieron silenciados durante más de treinta años; mientras que militares que se han sometido a este tribunal, también han admitido su participación en ejecuciones extrajudiciales y entregado información que ha permitido el hallazgo de algunos desaparecidos.
Además de los problemas de seguridad y de la obtención de la verdad, en el cuarto año del acuerdo también está en juego la reparación a las víctimas. Y en este punto, el consejero de Estabilización, Emilio Archila, ha dicho que le preocupan “las demoras de las FARC en nombrar los enlaces y en apoyar la ubicación de predios que serían clave para la entrega de bienes” y recordó que debieron hacerlo en julio de este año y están en mora de cumplir.
Según la congresista del partido Verde, Juanita Goebertus, el mayor problema es que existe una “desestabilización territorial”. “Es fundamental que este Gobierno ponga en marcha una nueva estrategia de seguridad que se adecúe al nuevo contexto y avance en serio en la implementación de las medidas de presencia integral del estado en el territorio, con vías terciarias, electrificación rural, mecanismos de comercialización de los productos de los campesinos. De lo contrario, las posibilidades de que este acuerdo, que se firmó para salvar vidas, sea exitoso se cierran rápidamente”, dijo a través de sus redes la Representante a la Cámara.
// El País
