Las personas que durante cuatro a cinco años cobraron irregularmente la pensión alimentaria en nombre de los Adultos Mayores fallecidos, se exponen a una pena carcelaria importante, además de devolver el dinero cobrado, que, en algunos casos, llega a los 48 millones de guaraníes.
Alberto Lezcano, director de asesoría jurídica del Ministerio de Desarrollo Social, informó que el viernes, la institución presentó una denuncia formal contra personas innominadas, por la detección de dos casos de cobros irregulares.
María Magdalena González de Medina, falleció en Buenos Aires, Argentina, el 13 de agosto del 2018. Hasta finales de mayo, su cuenta seguía activa, es decir, alguien continuaba utilizando su tarjeta de débito. Esto implica, desde su fallecimiento hasta hoy, alguien cobró un total de 48 millones de guaraníes.
Por su parte, Félix Cantalicio Díaz, de Hernandarias, también falleció en el 2018, pero su defunción no fue registrada por sus familiares. Se estima que aquí el cobro irregular fue de G. 45 millones.
“Creemos que puede haber más, estamos haciendo permanente el control , están trabajando en un protocolo en el que podamos detectar más fácilmente este tipo de hechos”, comentó Lezcano, en una entrevista con radio Universo 970 AM.
El Ministerio de Desarrollo Social recién lleva un año administrando este programa, cuya responsabilidad anteriormente recaía en el entonces Ministerio de Hacienda, hoy llamado Ministerio de Economía.
La expectativa de pena es de cinco años de cárcel, además de la devolución al Estado de lo cobrado indebidamente.
