La emisión de documentos con contenido falso al peligroso terrorista Ibar Esteban Pérez Corradi y a criminales de la Triple Frontera fue investigada, pero el sistema sigue funcionando.
La fotografía de Ibar Esteban Pérez Corradi, considerado uno de los hombres más peligrosos de la Argentina, aparece en una cédula de identidad paraguaya bajo la identidad de Walter Manuel Ortega Molinas, un hombre nacido el 25 de febrero de 1980 y que, de acuerdo con las fuentes oficiales, habría fallecido hace 14 años.
Este es uno de los grandes escándalos, sucedido en el año 2015, que involucró a los funcionarios del Departamento de Identificaciones de la Policía, que proveyeron el documento oficial, además de un pasaporte al hombre, quien hoy en día está condenado por narcotráfico y lavado de dinero, cumpliendo su pena en su país de origen.
Por este caso fueron procesados los suboficiales David Nicolás Benítez Mendoza y Luis González González, imputados por producción de documentos no auténticos; producción inmediata de documentos de contenido falso; y cohecho pasivo agravado.
Los investigadores descubrieron en ese entonces que el suboficial Benítez fue involucrado por supuestamente digitalizar e introducir en el sistema informático la cédula a nombre de Walter Ortega, realizada aparentemente por medio de captura manual de datos (fotografía, toma de huellas digitales con tinta y la firma por medio de bolígrafo con tinta en un formulario).
Su camarada, que tenía la misión de cotejar si las huellas correspondían o no al documento de identidad, habría dado su aprobación, aunque las huellas que constan en el prontuario original no pueden corresponder con las huellas de la persona que solicitó la cédula.
El caso fue investigado por la hoy fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Desde entonces, se había puesto el ojo en el sistema que funciona en las instituciones para otorgar documentos falsos a personas que están al margen de la ley.
EN EL ESTE. Esto quedó demostrado luego de varios operativos encabezados por la fiscala Analía Rodríguez, que se realizaron en los edificios España, Panorama II y en una vivienda del barrio Santa Ana de Ciudad del Este, desde donde se obtuvieron gran cantidad de evidencias que se utilizaban presuntamente para las falsificaciones de los documentos.
Mohammad Rumen Miah (36), quien sería el líder de la organización, y Rafiqul Islam (31) fueron detenidos en aquella oportunidad.
Los hombres, según los intervinientes, habían gestionado y obtenido documentaciones a 76 personas de diferentes nacionalidades, aparentemente con la complicidad de autoridades paraguayas encargadas de emitir los documentos.
Mencionan que el esquema funciona desde el año 2013 y que la organización cobraba alrededor de 5.000 dólares por cada documento, dejando así al descubierto que se trataba de un negocio ilegal millonario.