Las imputaciones son por tres hechos punibles tipificados en el Código Penal Paraguayo, relacionadas a la adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa.
Tras la presentación de la denuncia penal por parte del Ministerio de Hacienda que al menos 43 personas cobraron de manera irregular el subsidio Pytyvõ, la agente fiscal Silvia Adriana Cabrera de la Unidad Penal 2, Especializado en Hechos punibles contra los Derechos Humanos procedió a la imputación de las primeras cinco personas.
Se trata de Julia Benítez Paredes, domiciliada en Paso Yobái, departamento de Guairá; Víctor Hugo Cañete Ortíz, quien vive en Luque; Nilda Ramona Rivas Salinas, residente en el barrio Remansito de Presidente Hayes; Cristina Rosalía López Acosta, del barrio Republicano de Asunción y Martín Leonardo Riveros Sotelo, residente en Mbuyapey, departamento de Paraguarí.
Los hechos punibles tipificados son contra el orden económico y tributario (adquisición fraudulenta de subvenciones), hechos punibles contra las relaciones jurídicas (declaración falsa) y hechos punibles contra el patrimonio (estafa), todas estipuladas en el Código Penal Paraguayo.
De acuerdo a la investigación fiscal, Julia Benítez habría completado el formulario y se habría beneficiado con el mismo subsidio, pese a que ella se desempeña como Asistente en la Gobernación de Guairá. Habría cobrado la ayuda económica estatal, a travez e la red Bancard.
Víctor Hugo Cañete Ortiz se habría beneficiado con el programa aunque se desempeña como operario de producción de la planta frigorífica de la Neuland Ltda. Ingresó a la cooperativa el 01 de agosto del 2019, por lo que figura como trabajador dependiente de la cooperativa en el sistema del Instituto de Previsión Social, según la investigación fiscal. El hombre habría cobrado la asistencia a travez de Tigo.
Nilda Ramona Rivas Salinas aplicó para el mecanismo de solicitud, concesión y materialización de la ayuda, a pesar de estar inscripta como trabajadora dependiente de Mendelzon Libster Modica, Marina, con fecha de entrada el 2 de marzo de 2020. El cobro lo hizo por la red Bancard.
Cristina Rosalía López Acosta utilizó los medios digitales para completar el formulario, logrando la selección, pese a que es funcionaria (auxiliar) de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción. Habría cobrado la ayuda a travez de la red Bancard, según el expediente de imputación.
Por su parte, Martín Leonardo Rivas Sotelo utilizó la plataforma habilitada y se benefició con la ayuda, aunque en las pasadas elecciones municipales fue proclamado como miembro titular de la Junta Municipal del Municipio María Antonia (departamento de Paraguarí). El cobro lo hizo mediante giros Tigo.
La agente fiscal solicitó además el plazo de seis meses para proseguir con la investigación a fin de presentar en ese tiempo el requerimiento conclusivo del caso.
Fuente; La Nación
