Durante una movilización en Coronel Oviedo, integrantes de las Federación Nacional Campesina (FNC) pidieron la derogación de la ley que criminaliza la lucha por la tierra que fue tipificado como crimen y la pena para infractores es de 5 hasta 10 años de cárcel tras las promulgación de la ley.
Los campesinos señalan que la ley viola los derechos y principios constitucionales, especialmente aquellos relacionados con los pueblos indígenas, quienes son reconocidos en la Constitución de la República del Paraguay como anteriores a la conformación del Estado y que como tales tienen derechos sobre la posesión tradicional o ancestral de sus tierras.
Cuestionan que los desalojos empiezan a ser constantes y comienzan también a agudizarse las brechas de desigualdad entre sectores de la sociedad.
Para el 28 de febrero convocan al campesinado, pueblos indígenas y a todos los sectores patrióticos y democráticos a sumarse a la lucha prolongada en todas las ciudades del departamento.
