La Cámara de Diputados no consiguió los votos necesarios para rechazar el veto al proyecto que anula las facturas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) emitidas durante la cuarentena.
Luego de que la Cámara de Senadores haya rechazado el veto parcial del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que contempla la anulación de las facturas emitidas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto; Diputados analizó la propuesta este miércoles.
La Cámara Baja no consiguió los votos necesarios para rechazar la objeción parcial del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, al proyecto de ley, por lo que no se pudo ratificar la sanción del Congreso.
Finalmente, con 43 votos a favor y 36 votos en contra, el veto quedó aceptado y el proyecto de ley se archivó.
El diputado colorado Basilio Núñez explicó que el proyecto de ley fue reconsiderado por los parlamentarios colorados, en el marco de la unidad del Partido y que se acordó aceptar el veto, considerando que es lo mejor para el país.
Mientras, actualmente, la cancelación del consumo es para usuarios de hasta 500 kwh. Este proyecto de ley establece la exoneración de hasta 1.000 kwh.
La propuesta de normativa fue presentada por el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, luego de que unos 40.000 usuarios de la ANDE hayan denunciado sobrefacturación de su consumo durante la cuarentena sanitaria.
La empresa estatal reconoció que durante este periodo el consumo se promedió, por lo que hubo una “sensación de sobrefacturación” para los usuarios. Esto le valió a Villordo incluso una interpelación en la Cámara de Diputados.
La propuesta fue cuestionada por la misma ANDE. Su titular, Luis Villordo, quien recibió el voto censura de la Cámara de Diputados, había dicho que el proyecto de ley es extemporáneo e implicaría cancelar facturas emitidas por un valor de USD 227 millones, aproximadamente.
La ANDE advirtió que de hacerse efectiva la normativa, tendrá un impacto de USD 300 millones en el flujo de caja y se dejaría de pagar tanto a las entidades binacionales como a otros proveedores. Igualmente, la Essap aseguró que el proyecto es inviable por su impacto económico.
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