En la tarde de este viernes fue detenido el agente fiscal de Quiindy, César Ariel Garay Azucas (40), quien tenía en su poder dinero guardado en un sobre, que sería producto de un soborno.
El procedimiento se concretó alrededor de las 13:40 sobre la avenida Santa Teresa y Coronel Francisco Martínez, barrio Santa María de Asunción, donde tras un procedimiento encubierto fue detenido el fiscal de la Unidad N° 2 de la Ciudad de Quiindy.
En poder del representante del Ministerio Público se encontró una importante cantidad de billetes de G. 100.000 envueltos en un sobre, que presumiblemente acababa de recibir.
Se presume que el dinero sería producto del cobro de una coima. El fiscal Anticorrupción que encabeza el procedimiento, René Fernández, dispuso que el sospechoso quede detenido por la supuesta comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima).
El fiscal Fernández especificó en diálogo con ABC Cardinal que la suma totaliza G. 50.000.000. «Un abogado denunció que el fiscal Garay le pedía dinero para un caso. El fiscal exigió la suma de US$ 20.000», relató.
Según informó, la investigación que llevaba adelante el fiscal es contra un ciudadano español. Detalló que el operativo en que el agente fue detenido estuvo bien planificado. Policías de civil seguían la escena. Cuando el fiscal recibió el sobre con dinero fue detenido.
La expectativa de pena que afronta el agente es de cinco años de prisión.
El siguiente paso sería, según el agente interviniente, presentar de forma electrónica el requerimiento de prisión preventiva que sería guardada en su domicilio por de pronto, según lo establece la Constitución Nacional.
Con la imputación por cohecho pasivo agravado que presentarán Fernández y su colega Liliana Alcaraz pedirán el desafuero del fiscal. El juez que resulte sorteado en la causa será el que solicite el desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Recién cuando esto se concrete, se le puede convocar al magistrado a su audiencia de imposición de medidas y procesarlo.
Paralelamente, el JEM le debe enjuiciar por mal desempeño de funciones, suspenderlo y removerlo del cargo con todas las garantías de un proceso de enjuiciamiento ante ese órgano. Una causa es por la coima (penal), la otra es para removerlo del cargo.
