Se establece también que la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria realizará informes periódicos sobre la actualización del estado de las vacunas autorizadas por las mencionadas instituciones de regulación.
Asi mismo, conjuntamente con el Programa Ampliado de Inmunizaciones llevarán a cabo un monitoreo de los eventos adversos que puedan atribuirse a la administración de las vacunas contra el COVID-19.
Con esta resolución se busca que en nuestro país estén autorizadas las importaciones y uso de emergencia de las vacunas.
De esta manera, se afianzan los mecanismos ejecutados por el Gobierno Nacional para la adquisición y provisión de vacunas contra el COVID-19 atendiendo a que el mismo debe proteger y promover la salud como derecho fundamental de la persona y la comunidad.
