Un grupo de la tercera edad cierran la avenida principal, específicamente frente a la Gobernación de Alto Paraná debido a la falta de respuesta del gobernador ante incumplimiento del pago de pensiones. En principio harán huelga de hambre e incluso se encadenarán.
El Diputado Celso Kennedy (PLRA) acompaña la manifestación. El Gobernador no apareció y según la versión de sus portavoces el mismo está en la capital. Es la segunda vez que no atiende los reclamos de más de 120 abuelitos afectados.
Doña Asunción Martínez manifestó -en contacto con la Nación-, que en vista de que no percibieron sus haberes se apersonaron hasta la Gobernación, pero que el gobernador no estaba porque supuestamente tenía que reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo y el titular del Ministerio de Hacienda, Benigno López. Esperarán en dicho lugar hasta recibir una respuesta favorable.
Sostuvo que hay varios de ellos que no tienen ni para comprar un ‘geniolito’. «Solo reclamamos nuestra platita, Gs. 500 mil no es plata para ellos. Existen personas que ganan millones en Itaipú. Doña Asunción de 65 años lamentó la situación por la que están pasando, teniendo en cuenta que a su edad ni para trabajar como domésticas no le aceptarán.
Asimismo, señaló que esta es la segunda vez que tratan de reunirse con el gobernador y que hasta no recibir respuesta por parte del Gobierno no se retirarán e incluso anuncian con encadenarse.
Al diputado Celso Kennedy le parece correcta la manifestación siendo que están reclamando algo justo. Dijo que el gobernador debe de hacer su petitorio al presidente de la República, Mario Abdo y que esto es un trámite obligatorio para que la gente pueda tener una vida digna.
Parafraseando un escrito de la encíclica del Papa Francisco dijo que “No puede reservarse para sí lo que supera la propia necesidad, cuando a los demás hace falta lo imprescindible».
Cree que en este momento ya es imprescindible que estas personas reciban un pequeño resarcimiento por parte del Estado para vivir dignamente para alimentarse y recibir atención sanitaria. “Esto es insostenible. Esta gente tiene que recibir lo que legítimamente y en derecho le corresponde”, sentenció. // La Nación