Conferencia. El ministro Ramón Jiménez Gaona (centro) dio la noticia de la adjudicación junto con otras autoridades.

Finalmente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), adjudicó a través de la Alianza Público Privada (APP), la duplicación del tramo desde Ypacaraí hasta Pastoreo. El consorcio conformado   Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay) fue la adjudicada, con un proyecto de  USD 520 millones, USD 105 millones más de lo que el estado estimó. 

Al fin, a más de un año de la licitación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó sorpresivamente ayer el primer proyecto que se ejecutará bajo la Ley de Alianza Público Privada (APP), que es para la duplicación y ampliación de 149 km de las rutas nacionales 2 y 7, desde Ypacaraí hasta Pastoreo, Caaguazú.

 

Así informó el titular del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, luego de una reunión que mantuvo con el presidente Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga, donde participaron además los titulares de las demás instituciones responsables del proyecto.

El consorcio integrado por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay), que es el único oferente de la licitación, realizará los trabajos de duplicación de las dos vías del país con una inversión de USD 520 millones, informó el titular de la cartera de Obras. El monto mencionado es USD 105 millones más caro respecto a la estimación inicial del MOPC, que era USD 415 millones.

La ingeniera Claudia Centurión, directora de la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) del MOPC, dijo que si bien la empresa presentó una oferta más cara que la estimada, percibirá sin ninguna modificación el monto que ofertó para el pago diferido de inversión y pago por disponibilidad.

«Ellos en su modelo financiero, en la propuesta, dicen que van a requerir como inversión total USD 520 millones, y ellos se ajustan al tipo de pago diferido de inversión y pago por disponibilidad que está en el pliego. La empresa no tiene por qué tener la misma estimación de inversión que el Estado», agregó Centurión.

Continuó: «Si la empresa pone más plata o menos plata es su tema, el Estado sabe qué obra quiere, qué tipo de mantenimiento requiere y estimó lo máximo que se va a pagar, de lo cual no se va a salir. En ningún momento se va a modificar el pago diferido de inversión y el pago por disponibilidad, que está establecido en el pliego y el estudio de factibilidad», agregó.

Oferta del consorcio. Recordemos que el consorcio liderado por Sacyr ofertó el costo máximo que estimó el MOPC para los pagos mencionados. Esto significa que presentó los mismos montos que puso como tope máximo el MOPC; incluyendo el IVA, es decir, lo más caro que se pudo.

En este caso, para el pago diferido de inversión (semestral) el grupo de empresas ofertó un importe de USD 27.217.135, IVA incluido. La empresa percibirá este pago dos veces al año, por un período de 15 años. El pago diferido de inversión se abonará por el financiamiento de la construcción de la ruta, que tendrá un costo total de USD 816 millones, incluyendo las tasas de interés a pagarse al banco financista.

Además, el oferente estableció el pago anual de G. 145.292 millones (IVA incluido), en concepto de pago por disponibilidad (mantenimiento y la operación de las dos vías). Este importe se desembolsará por los 30 años que dure la concesión de ambas rutas, lo que significará un erogación de G. 4,3 billones (USD 747 millones).

Pago. El consorcio percibirá un total de casi USD 1.700 millones por construir, operar y mantener ambas rutas, durante los 30 años que durará el contrato, según las estimaciones. A los pagos por inversión y disponibilidad mencionados, hay que sumar el pago por tráfico que percibirá el consorcio por otros USD 134 millones más en 30 años.

De acuerdo al estudio de factibilidad, solo el 64% de la obra es autosostenible; es decir, que se paga del peaje y de los impuestos que genere la obra, que llegan a USD 1.088 millones, según los cálculos. Por otro lado, el 36% del costo final de la obra debe salir de las arcas del Estado, que finalmente será USD 612 millones.

A esto hay que sumarle los USD 80 millones que el MOPC debe aportar antes de iniciar la obra, que se utilizará para la liberación de la franja de dominio, por lo que la inversión estatal llegará en total a USD 692 millones en total. En este proyecto se registraron varias postergaciones y se tuvieron 11 empresas precalificadas./UH