El abogado Juan Pablo Irrazábal habló en radio Monumental 1080 AM sobre el actuar de la Policía Nacional que, a través del Departamento de Cibercrimen, se infiltró en aplicaciones y en redes sociales utilizadas por la Generación Z para organizar la protesta realizada el domingo pasado.
El abogado penalista Juan Pablo Irrazábal cuestionó el actuar de la Policía Nacional que, mucho antes de la realización de la manifestación que convocó la Generación Z, estuvo espiando las aplicaciones y las redes sociales utilizadas para organizar la protesta del domingo último.
El jurista calificó como “incorrecto” el argumento de que los grupos de mensajería como Telegram o WhatsApp constituyen “fuentes abiertas” y advirtió que el ingreso del Estado a estos espacios virtuales representa una transgresión a la privacidad de los ciudadanos.
Los implicados en el espionaje fueron los comisarios Luis López, Diosnel Alarcón, Julio Cáceres junto a los oficiales Gustavo Gómez, David Roldán, Emmanuel Fernández y el suboficial Juan Blanco.
Todos ellos recabaron informaciones tras infiltrarse en grupos de las aplicaciones WhatsApp, Telegram y otras redes sociales. Los policías alegaron que espiaron los grupos “como un acto preventivo”.
Sin embargo, el abogado expresó que es incorrecta la argumentación que utilizaron, alegando que estos grupos de mensajería constituyen “fuentes abiertas”. A su criterio, la invasión del Estado en estas plataformas es una transgresión a la privacidad.
“No hay que relativizar las actuaciones del Estado. No es el comisario el que entró en esos grupos de WhatsApp, es el Estado a través del comisario el que vio y entró al grupo mediante un link público”, prosiguió.
Irrazábal alertó que los policías entraron a esos grupos “para buscar algo que les moleste” y siguió explicando que la ley penal no castiga actos preparatorios si no hay delito. “El Estado no debe estar pidiendo datos sobre mí. El Estado no puede hacer eso y no debe”, afirmó.
Por otro lado, aseguró que todo el mundo se está riendo de la Policía e instó al presidente Santiago Peña a conversar con sus ministros y con el comandante Carlos Benítez.
Tras la movilización, un total de 31 personas fueron llevadas a la Agrupación Especializada, pero finalmente fueron liberadas por que la Fiscalía no encontró elementos para sostener ningún hecho delictivo en contra de los jóvenes.
Los detenidos afirmaron haber sido golpeados por los agentes que participaron del operativo.
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