La Junta Municipal de Ciudad del Este elegirá este jueves a un intendente interino por un periodo de 90 días, para reemplazar al jefe comunal destituido, Miguel Prieto. Los concejales Valeria Romero, María Portillo y Sebastián Martínez aparecen como principales candidatos.
Este jueves se prevé que la Junta Municipal de Ciudad del Este, presidida por Sebastián Martínez, defina quién será el intendente interino que asumirá por los próximos 90 días, hasta que concluyan las elecciones municipales convocadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), tras la destitución del intendente Miguel Prieto.
El concejal Martínez, de la nucleación política Yo Creo, aparece como uno de los candidatos a ocupar el cargo; también están los nombres de Valeria Romero, de la misma facción, y María Portillo, del Partido Liberal.
La persona que sea electa ocupará el cargo hasta octubre, mes en que se celebrarán las elecciones para elegir al nuevo intendente que completará el periodo.
Mientras tanto, la Municipalidad opera en un clima de expectativa. Los funcionarios han vuelto a sus puestos, pero el trasfondo económico y político mantiene en vilo a la gestión local, que busca equilibrar el pago de salarios, la continuidad de las obras y la transición de poder en medio de la crisis institucional.
Daniel Pereira Mujica, ex director general y de finanzas durante la administración del intendente destituido, advirtió sobre el fuerte impacto económico que atraviesa la Comuna bajo la intervención. Según señaló, en los dos últimos meses la recaudación cayó en aproximadamente G. 4.000 millones, lo que pone en riesgo la financiación de varias obras municipales que dependen de recursos propios.
El pasado 16 de mayo Camilo Benítez, contralor general de la República, anunció un pedido de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por “graves irregularidades” en ambas gestiones.
La administración de Prieto, según la Contraloría, presentó “serias falencias en la ejecución del presupuesto municipal”, y esto pone en riesgo su patrimonio e impide el efectivo control.
Pereira Mujica cuestionó fuertemente el procedimiento que derivó en la intervención, asegurando que no se respetaron las normativas.
“El contralor firmó un mamotreto lleno de mentiras. El proceso se inició en Diputados, cuando debía canalizarse a través de la Junta Municipal. Es un golpe político, un golpe parlamentario. Una dictadura de la mafia. No nos avisaron ni a los nexos que dejó el intendente, nos enteramos por la prensa del informe final del interventor”, afirmó.
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