Roberto Carlos Melcha Melgarejo, superintendente de Salud, y el diputado opositor Guillermo Rodríguez discutieron cara a cara en medio de una rueda de prensa en la mañana de este lunes. El legislador irrumpió en el encuentro con los medios para reclamar el cierre de un sanatorio vinculado a su familia.
El diputado opositor Guillermo Rodríguez (Yo Creo) y el superintendente de Salud, Roberto Carlos Melcha Melgarejo, perdieron los estribos en una rueda de prensa y protagonizaron un careo bochornoso que quedó captado por cámaras de televisión.
El hecho se dio cuando Melgarejo estaba explicando la clausura de establecimientos médicos entre los que se encuentra el Sanatorio del Parque, propiedad de la familia del parlamentario.
En un momento, el diputado interrumpió la alocución y cuestionó al superintendente, recordándole que tenía una denuncia por supuesto uso de documento de contenido falso en el momento de concursar para el cargo. “Usted está como superintendente tras haber presentado documentos de contenido falso, certificados de concursos que están siendo investigados en la Fiscalía”, vociferó Rodríguez.
Las palabras del legislador hicieron que Melgarejo se levante de su silla y vaya a enfrentar cara a cara al diputado. “Venís a mezclar, usufructo abusivo de tu poder y tu cargo”, le gritó para luego retirarse del lugar en medio de una maraña de micrófonos y teléfonos celulares de periodistas que fueron testigos del espectáculo.
Melgarejo pidió a los miembros de la Cámara de Diputados que impulsen un juicio político a Rodríguez porque, según dijo, estaba realizando tráfico de influencias.
El Sanatorio del Parque de Ciudad del Este fue inhabilitado luego de 22 años de funcionamiento por parte de la Superintendencia de Salud.
La versión oficial afirma que la habilitación para el sanatorio había expirado en el mes de mayo y se realizaron los trámites para la renovación, pero la Superintendencia de Salud alega falta de personal en Alto Paraná para verificar y continuar con el proceso.
El diputado había afirmado que la medida fue impulsada por el presidente Santiago Peña y la ministra de Salud, Teresa Barán, bajo el pretexto de una irregularidad administrativa vinculada a un documento “en trámite”. Según el legislador, esta situación podría haberse resuelto mediante notificación o multa.
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