Un líder indígena y otras 26 personas fueron denunciados ante el Ministerio Público por los presuntos hechos de explotación laboral y sexual, falta del deber del cuidado y exposición al peligro, cuyas víctimas son niños y niñas.
El ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Emilio Gutiérrez, presentó una denuncia formal contra un líder indígena y otras 26 personas.
Los hechos denunciados son explotación laboral y sexual, falta del deber del cuidado y exposición al peligro.
Mariano Benítez, cacique de la comunidad indígena Guavirami de Trinidad, es señalado de liderar un esquema de explotación laboral, sexual y trata de personas.
Su nieto falleció arrollado por un automovilista cuando vendía limones en la avenida Japón, de Encarnación.
Aparte de este caso, existen otras graves denuncias en contra del líder indígena, que viene sometiendo a los niños de su comunidad a una presunta explotación.
El ministro de la Niñez arrimó una serie de documentos y evidencias contra el citado líder indígena y otras 26 personas, a fin de que el Ministerio Público pueda avanzar con las investigaciones y llevar a los responsables ante la Justicia.
Los fiscales Carlos Gómez, Lorena Castelvi y Éver Regalado Williams tendrán a su cargo la investigación de las denuncias.
Por su parte, la fiscala adjunta, Fabiola Molas, informó que la causa del niño indígena arrollado cuando vendía limones irá a juicio oral.
El secretario de Estado expresó ante los medios de comunicación su preocupación por la situación que vienen atravesando los niños y niñas indígenas de la región, por lo que pidió que la Fiscalía actúe con urgencia para esclarecer los hechos.
“La explotación infantil es una violación a los derechos humanos y no podemos tolerar que niños y niñas indígenas sean víctimas de esta práctica. Con esta denuncia, buscamos que la Fiscalía inicie una investigación formal y lleve a los responsables ante la Justicia”, señaló.
Se tiene una lista identificada de los presuntos responsables, que incluye a varios caciques de las comunidades indígenas de Itapúa.
La denuncia detalla casos de explotación laboral y otros abusos del cual fueron víctimas los menores, quienes son forzados a realizar trabajos en condiciones deplorables y expuestos a cualquier tipo de cosas.
“Acá ya no podemos mezclar los derechos consuetudinarios indígenas, porque es una cuestión clara de explotación, y tampoco se puede hablar de una problemática social, porque dicha comunidad está recibiendo todo tipo de asistencia del Estado”, denunció.
Gutiérrez pidió no dar monedas a niños y niñas en calle, ya que “esto solo perpetúa su permanencia en calle” y, finalmente, todo lo “recaudado” no va para ellos.
“Esta no es la primera denuncia, pero estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas no puede ni va a estar jamás sobre los derechos de la niñez y la adolescencia indígena”, agregó.
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