El pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptó las renuncias de las juezas Ana Aguirre y Sadi López, y además dispuso la suspensión sin goce de sueldo de las magistradas Carmen Silva y Mirna Soto. Todas aparecen en los chats difundidos tras el peritaje del teléfono de Eulalio Lalo Gomes.

Los ministros de la Corte Suprema de Justicia aceptaron la renuncia de la jueza Ana Aguirre y suspendieron a sus colegas Carmen Silva y Mirna Soto, que integraron el tribunal que absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, líder del Primer Comando Capital (PCC), procesado por el crimen del periodista Leo Veras.

Los nombres de las juezas salieron a la luz luego de la difusión de conversaciones que mantuvieron con el legislador fallecido Eulalio Lalo Gomes, quien habría operado para lograr la absolución del procesado.

Así también, los miembros de la máxima instancia judicial aceptaron la dimisión de la jueza Sadi López, quien también mantuvo conversaciones con el extinto diputado y se revela pedido de favores.

La decisión fue tomada en la sesión plenaria realizada este miércoles, informó Raúl Ramírez, periodista de Última Hora.

En el año 2022, comienza el juicio contra Cachorrão, y el Tribunal de Sentencia –integrado por las juezas Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Soto– llamativamente, excluyó “pruebas de notable relevancia” y desistió “de las declaraciones de nueve testigos”, según la propia Fiscalía.

¿El resultado de ese juicio? La absolución y liberación inmediata de Waldemar Pereira. Tres horas después, él salió de la cárcel, pasando desadvertido el código rojo de Interpol que pesaba en su contra, por una orden de captura internacional del Brasil.

Por su parte, la jueza Sadi López fue investigada por el JEM por haber aplicado medidas sustitutivas de manera irregular a un procesado por un crimen. En abril del 2022, fue absuelta, al parecer, a instancias de Lalo Gomes.

En los mensajes de WhatsApp filtrados a la prensa, se puede leer que la jueza solicitó a Gomes una especie de intermediación con Orlando Arévalo, entonces vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para que la investigación en su contra por posible mal desempeño de funciones termine en la absolución.

El pasado 5 de febrero, tras saltar el escándalo, la jueza López renunció a su cargo y pidió acogerse a los beneficios de la jubilación.

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